28 de noviembre 2012 - 00:00

Progresividad tributaria, eje del modelo de desarrollo

La política tributaria determina el modelo de desarrollo y es clave para la redistribución del ingreso, ya que sólo existe desarrollo cuando el crecimiento económico conlleva una mayor inclusión social. Implementar una política redistributiva implica gravar más fuertemente a quienes más ganan y detentan mayor riqueza, y utilizar lo recaudado en la atención efectiva de las más urgentes necesidades populares.

Las reformas implementadas por Daniel Scioli, sustentadas en principios redistributivos con equidad en la tributación, incrementaron los recursos propios con una marcada progresivvidad. Hoy la ciudadanía entiende que el progreso de la provincia sólo se logra con el esfuerzo y la contribución de todos.

La experiencia de los años noventa nos dejó en claro que el logro de una mayor equidad no puede esperarse como derrame de los frutos del crecimiento económico, sino que debe constituir un prerrequisito de un programa de desarrollo.

Lo mismo se aplica a la estructura impositiva. Una política tributaria pasiva, que deja a la natural evolución de las variables económicas la conformación de dicha estructura, lleva generalmente a un sistema regresivo y con beneficios para unos pocos. Es necesario que la política, como expresión de las preferencias de las mayorías, sea la que decida el rumbo.

No es casualidad que en épocas de cercenamiento democrático se hayan realizado reformas que han eliminado la progresividad que tenían ciertos impuestos. Por ejemplo, en Buenos Aires las dos últimas dictaduras golpearon los tributos más progresivos, reformulando el Inmobiliario Rural y derogando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

Sobre el Inmobiliario Rural, la modificación más importante fue la eliminación en 1969 del adicional que con características muy progresivas y diversos diseños regía desde 1932. La base imponible de dicho adicional era el conjunto de inmuebles de un mismo propietario. Así, a pesar de que existía una escala progresiva de alícuotas (16 tramos con alícuotas que iban desde el 4 al 27 por mil) se incentivó la subdivisión de propiedades como mecanismo para eludir esa progresividad. Luego en 1978 directamente se redujeron los tramos y las alícuotas medias

se establecieron entre 8 y 11 por mil, volviendo al impuesto casi proporcional. A esto se une que desde 1953 no se aplicó nunca un revalúo completo de la tierra rural y por lo tanto la base del impuesto se estableció de manera indirecta por coeficientes que se fueron alejando de la realidad y tampoco tuvo en cuenta las diferencias regionales.

Todo ello reflejó un pensamiento muy instalado en la teoría económica tradicional que establecía que para lograr mayor equidad era más adecuada la vía del gasto, mientras que los impuestos debían estar orientados a objetivos de eficiencia. Sin embargo, esto tampoco nos parece correcto, porque la acción del Estado se vuelve neutra en términos redistributivos si el gasto público, aún redirigido a los sectores más vulnerables de la sociedad, es financiado por los mismos sectores que lo reciben. Por otro lado, tampoco se puede afirmar que siempre el logro de equidad se traduce en pérdidas de eficiencia sino, como fundamenta J. Stiglitz, «existe cierta asociación positiva entre ambos: la falta de oportunidades, producida por una presunta «austeridad», implica que el activo más valioso con que la cuenta la economía (su gente) no se emplea a pleno.

Por eso pensamos que el diseño de una política tributaria progresiva es también central al modelo de desarrollo, no sólo para hacer recaer las cargas impositivas sobre aquellos que cuentan con mayor capacidad contributiva, sino también para potenciar la necesaria creación de puestos de trabajo.

(*) Ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires

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