La propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera apunta a desarticular las medidas más efectistas de los estudiantes, pero complica las incipientes negociaciones para solucionar el conflicto educativo.
En un aspecto polémico, el Gobierno quiere obligar a canales de televisión a que entreguen filmaciones que permitan identificar a revoltosos.
Dirigentes estudiantiles y referentes de la oposición ya anticiparon su rechazo y, previsiblemente, acusaron al Gobierno de «criminalizar» la protesta.
Piñera navega en un estrecho callejón. Si bien la opinión pública chilena es mayoritariamente crítica de las acciones que obstruyen el espacio público y de la violencia callejera, también apoya, en gran medida, las razones de la protesta contra un sistema educativo muy oneroso para las familias.
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