Puja en Cámara por examen a conjueces

Los parámetros para evaluar el rendimiento de conjueces nombrados por el Gobierno ya divide ánimos en la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, ámbito estratégico donde se dirime la puja por la ley de medios. Antonio Rojas Salinas e Iván Garbarino comenzaron a subrogar juzgados vacantes de primera instancia a mediados de febrero con la condición de ser evaluados cada seis meses. Hasta el momento no hay definiciones sobre este examen, especialmente por la dificultad que implica para los camaristas acordar criterios.

El nombramiento de conjueces para los juzgados 5 y 8 aprobados por el kirchnerismo en el Senado (sin haber realizado el concurso para el cargo en el Consejo de la Magistratura) es una consecuencia de la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín que a fines de 2012 trabó los concursos para completar vacantes en el fuero civil y comercial.

La evaluación periódica se decidió a partir de un entendimiento con amplia adhesión entre los camaristas: ninguno de los postulados estaba en condiciones de asumir el control de un juzgado con las responsabilidades que implica. En la instancia que preside la jueza Graciela Medina -cuyo vicepresidente es Francisco de las Carreras, actualmente a cargo de revisar la sentencia del juez Horacio Alfonso sobre la constitucionalidad de la ley de medios-, la llegada de conjueces fue objetada puntualmente por el camarista Alfredo Gusman, quien no prestó su acuerdo para la disposición.

Gusman integra la Lista Celeste en la Asociación de Magistrados, agrupación de buena sintonía con el oficialismo. En el resto de la Cámara domina la lista Bordó, de perfil crítico. Un llamativo enroque: el primero se opuso a los conjueces alegando que los secretarios letrados están en condiciones de subrogar, mientras que los segundos se mostraron flexibles.

Sin embargo, entre estos últimos, ahora surgen objeciones. Existe una preocupación sobre la inexperiencia en asuntos de Justicia civil y comercial de Rojas Salinas (previamente era abogado de las Madres de Plaza de Mayo). Algo similar sucede con Garbarino, quien trabajaba en su propio estudio, pero con escasa experiencia en la materia sobre la que le toca decidir. La llegada de ambos dejó sin despacho a Silvina Braccamonte y a Alejandro Nobili. Ambos secretarios de juzgado que mantienen su influencia en las cuestiones operativas.

Hay otro detalle que enciende luces amarillas: por la naturaleza del fuero, estos conjueces deben firmar resoluciones que en general implican movimientos bancarios. Eventuales negligencias podrían concluir en una batería de denuncias y acusaciones contra quienes firman esos documentos.

La definición sobre el modelo de evaluación implica discrepancias desde el principio, especialmente sobre la frecuencia con la que deben ser evaluados y con los aspectos a analizar como la operatividad de los expedientes y la cantidad de sentencias.