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Reapareció testigo del caso Ferreyra
En el Gobierno existían dudas en torno del caso. Por la tarde, cuando todavía se desconocía el paradero, desde el Ministerio de Seguridad deslizaron que su eventual desaparición podría estar ligada a un intento por generar conmoción política. Y luego de su hallazgo, manifestaron sospechas incluso de que hubiera sido secuestrado.
Severo, exdirectivo de Ferrobaires, declaró poco después del crimen de Ferreyra haber visto armas en una oficina de Ferrobaires. Ayer debía prestar su testimonio en el juicio.
El testigo había sido visto por última vez el miércoles a la noche, cuando salía de su casa en Avellaneda para visitar a su nieto, pero no llegó a destino. Por la tarde fue hallado su auto, un Renault Clio, a cinco cuadras de su casa, con las llaves puestas, documentación del testigo y dinero en efectivo.
El exdirectivo había declarado en la etapa de instrucción del juicio y dijo haber visto armas en una oficina de Ferrobaires. Además sostuvo que un dirigente de la Unión Ferroviaria que trabajaba en esa empresa había citado al personal de la compañía para concurrir a la estación Avellaneda el día que mataron a Ferreyra, para evitar un corte de vías.
El caso evocó la desaparición de Jorge Julio López, seis años atrás, un testigo contra Miguel Etchecolatz, jefe policial durante la dictadura.
Severo aseguró que un día después del crimen, su casa fue baleada y adjudicó el ataque a «las patotas de Alberto Trezza, que maneja Ferrobaires desde las sombras». Trezza es un empresario sindicado como cercano al expresidente Eduardo Duhalde. De hecho, al inicio de la investigación del caso Ferreyra hubo una línea de investigación en ese sentido, que al poco tiempo fue abandonada. Severo no contaba con protección oficial y desde el Ministerio de Justicia aclararon que la inclusión en un programa de esas características depende de la voluntad del testigo.
Gastón Severo, su hijo, dijo creer que había sido víctima de un secuestro: «Él no es de hacer esto», afirmó. Por la tarde se entrevistó con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, junto a la secretaria Cristina Caamaño, quien además fue fiscal en el inicio del caso Ferreyra. El Partido Obrero, querellante en la causa, junto a otras agrupaciones políticas y sociales, marchó ayer a la Plaza de Mayo y había convocado para hoy a una movilización desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno para reclamar la aparición con vida del testigo.
Mariano Martín


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