Recrudece debate por la pena de muerte en EE.UU.

Washington - La ejecución de Troy Davis en Georgia en la noche del miércoles, pese a las dudas sobre su culpabilidad y el rechazo suscitado a nivel mundial, reabrió el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

En un comunicado emitido ayer, el expresidente Jimmy Carter señaló que la ejecución demuestra que la aplicación de la pena de muerte es «injusta y anticuada».

«Si uno de nuestros conciudadanos puede ser ejecutado cuando hay tantas dudas acerca de su culpabilidad, el sistema de la pena de muerte en nuestro país es injusto y anticuado», indicó Carter en un comunicado.

Desde Bruselas, la Unión Europea lamentó la ejecución y llamó a la comunidad internacional a aprobar una moratoria global a la pena capital como paso previo a su plena abolición en el mundo.

En Francia, un portavoz del Ministerio de Exteriores indicó que «deploramos fuertemente que las numerosas peticiones de clemencia no hayan sido escuchadas» y recordó que su país se opone a la pena capital, sin importar dónde y bajo qué circunstancias, porque «todo error judicial es irreversible».

Condena

Davis, de 42 años y raza negra, fue condenado en 1991 por el homicidio en 1989 del policía Mark MacPhail, en Savannah. Las pruebas balísticas usadas en su contra son hoy de dudosa credibilidad, y siete de los nueve individuos que testificaron en su contra acabaron cambiando sus declaraciones.

El caso suscitó una intensa movilización internacional y solicitudes de clemencia de personalidades desde Carter hasta el papa Benedicto XVI, además de un millón de firmantes de peticiones alrededor del planeta.

Pero ni los llamamientos del exterior ni las protestas de los grupos de derechos civiles y las vigilias de opositores a la pena capital en EE.UU. lograron convencer a los tribunales de Georgia o conmover a la Corte Suprema del país.

Poco antes de la medianoche en la prisión Diagnostic de Jackson, en Georgia, los verdugos ataron a Davis a una camilla y le inyectaron una mezcla letal.

Cuatro horas antes, en Huntsville, Texas, verdugos habían puesto fin a la vida de Lawrence Brewer, un blanco de 44 años, miembro de un grupo racista condenado por el asesinato en 1988 de James Byrd, un hombre negro de 49 años.

Según una encuesta de la firma Gallup, el apoyo público a la pena de muerte para los homicidas y asesinos disminuyó en EE.UU. del 76% en 1991 al 65% el año pasado. La oposición a la pena capital aumentó del 18% al 31% en el mismo período.

Pero esa oposición sigue siendo una minoría.

Salvo delitos federales, la casi totalidad de las 3.250 personas que esperan su cita con los verdugos y de las 1.269 ejecutadas desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976 fueron juzgadas y condenadas por delitos en cada estado.

Actualmente, 34 de los 50 estados del país cuentan con la pena de muerte y aunque varios de ellos suspendieron las ejecuciones, entre sus residentes el respaldo a ese castigo es firme.

En un reciente debate televisado, el gobernador de Texas, Rick Perry, ganó dos salvas de aplausos y ovaciones entre la audiencia en el Centro Presidencial Ronald Reagan cuando se hizo mención al hecho de que bajo su gestión ese estado ejecutó a 234 personas.

Y aunque los estadounidenses oyen las quejas internacionales, el debate en este país, cuando surge periódicamente, se centra menos en la abolición o no de esta condena que en las dudas sobre la culpabilidad de un condenado en particular.

Las dudas sobre la «justicia» en la pena de muerte se extendieron en la última década y media, cuando nuevas técnicas forenses demostraron la inocencia de por lo menos 138 condenados a la ejecución.

Pero los partidarios de la pena de muerte argumentan que su aplicación cierra un capítulo doloroso para los familiares y seres queridos de la víctima del ejecutado.

Agencia EFE