Reflotan reforma; falta quien la escriba

• Suerte para el marketing, pero falta la estrategia que haga monetizable algún acierto en política. • Año Nuevo, optimismo electoral del Gobierno. • Eso reflota el gusanillo de la reforma con reelección. • Pero falta alguien que escriba una Constitución negociable con los radicales como hizo Menem en 1994. El fallo medios, también herramienta de campaña según el cronograma de Tribunales.

Telly Savalas

Al Gobierno se le dan fácil las acciones de marketing, una de las laderas de la actividad política que puede convertirse en un tobogán -depende del volátil ánimo del público- si se sostienen con acciones estratégicas, algo que depende menos del morral y la fortuna y más de la inteligencia política, ésa que tienen pocos, permite ver bajo el agua y advertir lo que pretende la sociedad civil sin manifestarlo. El festival de la fragata es un ejemplo de ese regalo que le da la agenda al Gobierno en el terreno del marketing, equivalente para halagar los sentimientos profundos de cualquier criollo a la odiosa respuesta del canciller británico al reclamo de ayer de negociar soberanía en Malvinas, o la cola que hay en las puertas del juzgado de Thomas Griesa de organismos, funcionarios y buitres buenos para que nos libre la Justicia de Manhattan Sur de los buitres malos. Siempre pasan cosas en Manhattan Sur; allí ocurrieron las proezas de Theo Kojak en aquella serie que animaba Telly Savalas; también las de Stanley White, el héroe de «Manhattan Sur» o «El año del dragón» que encarnó en el mejor papel de su vida el bizarro Mickey Rourke. Griesa está a la altura de los villanos de esas sagas del cine y eso es también una ventaja para el marketing kirchnerista en estos días. El director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo lombrosiano Horacio González, ha llegado a decir que el rostro de Griesa «pertenece a una cultura». Todavía está dando explicaciones porque, dicho sea de paso, el rostro de González también pertenece a una cultura (pase al INADI y cumplido archívese). 

Esa buena fortuna para el marketing desnuda las falencias de la estrategia en el oficialismo, que empieza el año con encuestas que le muestran la oportunidad de reflotar en serio -y no sólo para el marketing- el proyecto de una reforma electoral con reelección. La principal es la que se leyó esta semana en el área presidencial de la Casa de Gobierno y que vaticina que en la provincia de Buenos Aires el oficialismo kirchnerista -i.e., Daniel Scioli, Sergio Massa y el resto- puede alcanzar el 40% de los votos, con amplia diferencia frente a otros partidos en elección a diputados que tendrían, cada cual, y a hoy, no más del 15%. Ese buen triunfo que despunta en el distrito más grande es el que permitirá descontar resultados más pobres en Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En todos esos distritos buscarán reelección o una banca que no tienen las estrellas de la oposición que representan a oficialismos locales, salvo en Mendoza -Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Francisco de Narváez, Felipe Solá, Elisa Carrió, Gabriela Michetti, Fernando Solanas, Miguel del Sel, Julio Cobos, etcétera-. Esos 40 puntos en la provincia de Buenos Aires es lo que completa un cuadro airoso en el resto, especialmente en ciudades del norte de menos de 50 mil habitantes, donde el peronismo históricamente ha tenido ese mismo porcentaje.

En ninguno de los escenarios optimistas del Gobierno figura la hipótesis de alcanzar los 2/3 de los votos en el nuevo Congreso de 2013. Allí se agota el marketing y surge la necesidad de la estrategia para mostrarle a la sociedad que un Gobierno que puede ganar las elecciones (si las gana, claro) tiene derecho a promover una reforma, aunque no tenga el 2/3 de las bancas para aprobarle la ley que declara su necesidad. Cómo pedirle a la sociedad un premio por una buena elección; un bonus que presiona a los legisladores a votar una reforma sólo porque el oficialismo sacó la mayoría de los votos es el objetivo ahora estratégico. Ese premio deberían darlo los diputados y senadores que sin ser del Frente para la Victoria ingresen a las cámaras y admitan que hay mérito para tamaño regalo. Pedir eso tiene una condición -que sí tuvo el pacto de Olivos de 1994 que le dio la reelección a Carlos Menem: ofrecer un proyecto de reforma que le convenga en algo a la oposición-. La pregunta hoy de los estrategas del Gobierno es qué puede querer la oposición radical, socialista, macrista e independiente que pudiera ser ingrediente de una reforma votable. Hoy no hay nada que garpe más que el rechazo a la pretensión reeleccionista. Por eso dudan los estrategas de usar la consigna de la reforma como el eje de la campaña de 2013; si se lo exhibe en la superficie y con estridencia aferrará los votos propios, pero obligará a los opositores a rechazarla en la campaña y después, desde las posiciones que alcancen, a no ceder. Mejor, responden los mismos gurúes, que la reelección funcione como un subtexto, una entrelínea de la campaña, pero no obligar a la oposición a defenderse de esa consigna. 

La oposición ha entendido que Cristina de Kirchner no hablará de reforma ni de reelección de aquí en adelante, se ríe de los batatas tipo Luis DElía que la piden, pero toma en serio que Julio De Vido hable de esa necesidad en las reuniones que mantiene todas las semanas con intendentes y gobernadores. Para esa oposición, el Gobierno tiene una hipótesis: los radicales -segunda minoría en el Congreso y llave de cualquier pretensión en este sentido- no tienen hoy un candidato competitivo a presidente en 2015 y están enredados en una disputa interna sobre si aliarse al macrismo o al socialismo, y tienen pendiente un debate interno sobre si al radicalismo lo representa mejor el moderado y casi conservador Ernesto Sanz o el populista y filokirchnerista Leopoldo Moreau, que habla en soledad, pero que representa a un sector del partido que festeja que el ciclo abierto en 2003 ha avanzado en todo lo que la UCR pedía desde 1989: estatización de YPF, de las jubilaciones, de Aerolíneas, ley de medios, cuestionamiento de la deuda externa. También festeja ese sector que el Gobierno tenga una puerta abierta para cualquier radical que quiera habitar el suelo kirchnerista. Si eso es cierto, al radicalismo -según esta hipótesis- le conviene promover una reforma para darle un mandato más a Cristina de Kirchner -y esperar a que en 2019 hayan construido un candidato con fuerza-. Para esta percepción del oficialismo no importan mucho las demás fuerzas, que no pueden esperar. Hermes Binner tendrá en 2017 72 años -dos más de la edad de Ronald Reagan al asumir su cargo en 1981- y no esperará. Mauricio Macri no tiene gran peso en el Congreso y 2015 es su gran chance para pelear en las grandes ligas. No puede esperar a 2019 porque en esa fecha no tendrá el Gobierno de la Capital Federal, la plaza fuerte desde donde se mantiene hoy -según encuestas- como el principal contradictor del Gobierno.

Esto pone al kirchnerismo, ya que se citó a Reagan, del lado de la política de la oferta para mostrarles a los radicales un mundo mejor si admitiesen discutir una reforma. Esta necesidad ha puesto al Gobierno en la búsqueda de alguien que, con ciencia y arte, imagine una reforma que ofrezca algo más que el interés directo y brutal en la reelección. Algo que sí tuvo la reforma de 1994, que buscaba lo mismo como justificativo único del peronismo de entonces, pero que pudo adornarse con los ingredientes del proyecto que habían discutido Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero. Bastó pegar ese paquete al deseo de la reelección de Menem para que los radicales se convenciesen de la conveniencia de apoyarla. No se equivocaron, porque en el turno siguiente se hicieron del poder en la Argentina (1999), del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y clavaron su rol de primera minoría a través del tercer senador. Hoy el Gobierno no tiene esa oferta de bisutería, ni tampoco el constitucionalista que se la escriba. En 1994 se conjugaron la ciencia de Héctor Masnatta, Rodolfo Barra y José Dromi a la astucia de Jorge Yoma, Alberto Pierri y Eduardo Menem para una reforma que le dio un giro a la historia. Todo lo que pasó desde entonces, bueno o malo, es consecuencia de aquellos debates en Santa Fe. Lo más serio que tiene para el emprendimiento es el juez Raúl Zaffaroni, a quien nadie le discute la ciencia, pero que promueve una reforma que refuerce el parlamentarismo. Esto va contra el ADN del peronismo que gobierna hoy la Argentina, que dedicó todos sus esfuerzos desde 1994 a amortiguar y hasta derogar todos los institutos que mitigaron el presidencialismo de la Constitución de 1853-60. Si el Gobierno ofreciese a los radicales sólo eso, le responderían que, antes, den marcha atrás en el recorte al parlamentarismo de la norma de 1994 y habiliten lo que falta. Un jurista como Roberto Gargarella, que fue importante para el Gobierno en el debate sobre el corte del puente de Gualeguaychú con sus escritos sobre el amparo acerca de esas medidas de protesta como un derecho fundamental, lo hizo parecer cerca del kirchnerismo. Pero este discípulo de Carlos Nino -numen del constitucionalismo alfonsinista- ha sentado opiniones críticas al Gobierno sobre el debate de la ley de medios. Él sí podría escribir una constitución, pero hoy lo haría para el radicalismo y no para el kirchnerismo al que ayudó en la necesidad. 

Esa necesidad de estrategia convive en estas horas con otra oportunidad de marketing, que es el trámite en cámara del recurso presentado por el monopolio contra el fallo del juez Horacio Alfonso sobre la validez de dos artículos frenados de la ley de medios. La ansiedad estaba puesta anoche sobre si la Cámara Civil y Comercial suspenderá la feria para acelerar su tratamiento. Aunque eso ocurra, descuentan los abogados de las dos partes que, en un cálculo de mínima, esa resolución se puede conocer a mediados de junio, o sea, en plena campaña electoral. Esta pelea con un sector de los medios la creen en los cuarteles del oficialismo como ventajosa, porque divide al público y permite identificarse con una lucha simbólica novedosa y que crea la sensación de que se está discutiendo algo que le pertenece a cada individuo, que es la opción sobre qué medios consumir. Según el cronograma tentativo de los abogados que siguen minuto a minuto esta saga, una vez que se abra la feria -hoy o el 1 de febrero- la Cámara 1) le dará traslado a Clarín para que presente su memorial, para lo cual corren 10 días hábiles. Si la intención del monopolio es que se retrase todo, se tomará el total del plazo: 2) dará traslado de la cuestión al Gobierno, que tiene otros 10 días, de los cuales, si quiere acelerar, puede tomarse menos días, pero por lo menos cinco de ellos; 3) la Cámara puede abrir el caso a prueba, para lo cual hay 20 días hábiles más para agregar; 4) desde el agotamiento del plazo de prueba dictaría la Cámara el auto para sentencia, lo cual abre el plazo de otros 60 días hábiles. La sumatoria de esos plazos clava la decisión en el mes de junio, que es cuando los partidos estarán con los candidatos y alianzas en la calle para las internas obligatorias que resolverán las listas. Como el Gobierno cree que la Cámara fallará en favor del monopolio, la discusión final en la Corte Suprema coincidirá cuando ya esté todo desplegado en el marketing político. Para esa hora deberá tener el oficialismo el armado estratégico que le permita monetizar el resultado y le abra un futuro que hoy nadie ve.