Se complica en Senado la ley del arrepentido: todo al freezer y cambio de agenda

Para destrabar sesiones, arrancarán con el debate de ley de acceso a la información pública, que amplía el requerimiento a distintos organismos y empresas del Estado.

Miguel Ángel Pichetto

El Senado dejó en suspenso el debate sobre los proyectos de ley del arrepentido para los casos de corrupción y de recuperación de bienes de procedencia ilícita debido a la gran cantidad de cambios que proponen para la iniciativa., pero retomará esta semana el tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública.

Finalmente los proyectos sobre arrepentidos y recuperación de bienes, fueron observados por especialistas que concurrieron a dar su opinión y así se trabaron en el Senado, a principios de agosto cundo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió por última vez, mientras que el cronograma dispone de un nuevo encuentro para principios del mes próximo. Las dos iniciativas fueron impulsadas por el Frente Renovador de Sergio Massa, pero también con aprobación del oficialismo con la idea de contar con dos leyes que podrían utilizarse como herramientas contra la corrupción y el narcotráfico.

La cantidad de retoques que deben hacerse a las normas que fueron aprobadas por Diputados es mayor de lo esperada y requerirá de una revisión por parte de los senadores, de acuerdo a las diferentes propuesta que hicieron los expertos. En Diputados, el proyecto que amplía la figura del arrepentido a los casos de corrupción, se aprobó con 194 votos a favor y solamente 5 en contra, en junio pasado pero también con gran cantidad de modificaciones.

En el Senado buscarán que las iniciativas no terminen olvidadas sin tratamiento y mucho menos trabadas. Mientras, el jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, reactivó el proyecto del Gobierno sobre Acceso a la Información Pública (ya aprobado también por Diputados). Esta semana debe reunirse un plenario de las comisiones para oír opiniones y firmar el dictamen del borrador, que establece que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz y se amplía a los tres poderes, y al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa,empresas del Estado, concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros.