Se prevé fuerte acatamiento en segundo día de paro judicial

movilización. Alrededor de 4 mil personas marcharon hasta el Congreso en la primera jornada contra el traspaso de tribunales a Ciudad.

Con un alto acatamiento, comenzó ayer la primera jornada del paro judicial que se extenderá durante todo el día en los tribunales, convocado por el gremialista Julio Piumato, y alentado -sotto voce- por los propios jueces contra el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que haya un importante nivel de inasistencias hoy, inclusive en los juzgados federales, lo que completará una postal de 36 horas de parate en los distintos estamentos contra la migración ideada por el Poder Ejecutivo Nacional y porteño. Por estas horas se estará abriendo la discusión de los convenios de transferencia de la justicia penal, en la Legislatura. Será la antesala de la análoga discusión que se dé en Diputados y en Senadores con los acuerdos, que además prevén una modificación a la Ley Cafiero, tal como adelantó Ámbito Financiero.

La inédita medida -por su extensión e impacto en la actividad judicial- tendrá su pico con el mantenimiento de guardias mínimas (sobre todo por los casos vinculados a flagrancia) durante toda la jornada que implica que quienes adhieran no se presenten a trabajar. Obviamente, la medida excluye a magistrados (jueces, fiscales y defensores con sus secretarios), pero en sigilo, es apoyada por ellos que también resisten el pasaje a la Ciudad, incluso desde fueros que no están en las previsiones oficiales inmediatas, como el del Trabajo y el Civil. La actividad también se verá mermada en Comodoro Py, sede de los tribunales federales.

Desde la Ciudad, las autoridades de Justicia salieron con fuerza a cuestionar el origen de la convocatoria. Reforzaron la defensa en torno a los proyectos y a las condiciones que tendrá la migración. Desde el Consejo de la Magistratura porteño, su presidente Enzo Pagani, consideró que "cuesta entender los motivos de la marcha que algunos judiciales realizaron en contra de un traspaso de competencias que será debatido constitucionalmente por el Congreso nacional y la Legislatura local para lograr después de tantos años una justicia rápida, eficiente y moderna". Subrayó que la Corte tiene antecedentes de respaldo al traspaso y reiteró que "será gradual y progresivo", sin afectar beneficios para los trabajadores judiciales.

Jorge Enríquez, subsecretario de Justicia porteño sostuvo que "el paro no tiene el menor sustento constitucional ni defiende los intereses de los trabajadores", a la vez que cargó contra Piumato por las razones de la convocatoria. La Comisión interna del fuero penal, una de las principales opositoras al gremialista que hasta este paro había sido aliado táctico del Gobierno, citó a las 9.30 en las escalinatas del Palacio de Tribunales para dar una conferencia de prensa hoy.

"Es increíble -concluyó Enríquez- que se siga discutiendo un tema resuelto por la Convención Constituyente de 1994 y que si alguna duda podía originar fue definitivamente zanjada por recientes fallos de la Corte que determinaron el carácter meramente transitorio de la llamada justicia nacional".