Seis federales a juicio por muerte de Ferreyra

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Seis policías fueron procesados por la Justicia en la causa por el asesinato del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. La jueza de Instrucción Susana Wilma López tomó esa decisión respecto de tres comisarios, entre ellos, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Hugo Lompizano; dos subcomisarios y un principal de la Policía Federal, al endilgarles el delito de presunto «abandono de persona».

La magistrada sobreseyó a un efectivo que estaba a cargo de la filmación del operativo montado el 20 de octubre pasado, cuando un grupo de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca fue atacado por una patota identificada con el sindicato Unión Ferroviaria. La jueza no tuvo en cuenta el pedido de los querellantes de procesar a los policías por haber supuestamente generado una zona liberada que facilitó la agresión a los tercerizados, por lo que no se descarta una apelación a la calificación legal.

Los procesamientos sin prisión preventiva fueron dictados sobre Lompizano; el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla y el comisario Jorge Raúl Ferreyra; los subcomisarios Rolando César Garay y Luis Alberto Echavarría, y el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti. Todos fueron considerados presuntos «autores penalmente responsables del delito de abandono de persona agravado» por la muerte de Ferreyra y por las heridas que sufrió, entre otros, Elsa Rodríguez.

El operativo, que debía custodiar la protesta de los tercerizados -el Gobierno estaba avisado de que planeaban cortar las vías-, había sido dispuesto por Lompizano como director general de Operaciones, y contaba con la participación de personal del Departamento de Control de Líneas y de la División Roca.

La magistrada libró de responsabilidad al agente David Ismael Villalba, que debía llevar el registro fílmico del operativo y los eventuales incidentes. Durante la investigación quedó constancia de un faltante de al menos cinco minutos en ese video, que coincidía con el momento en que se había concretado el ataque del grupo de la UF sobre los tercerizados, que terminó con el asesinato de Ferreyra. Sin embargo, López en su resolución consideró respecto de Villalba que «el hecho investigado no encuadra en una figura legal».

En las querellas, los procesamientos fueron bien recibidos, pero el fallo no estuvo exento de críticas. Es que la calificación de «abandono de persona» remite más a una omisión por parte de los policías que a un accionar concreto de complicidad con la patota del sindicato, como dijeron los acusadores. En esa línea, no se descartaba que tanto el fiscal Fernando Fiszer como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteasen alguna apelación.

Hasta ahora, la instrucción llevada a cabo por la jueza López fue objeto de elogios por parte de los querellantes. En una primera etapa detuvo y procesó a siete sospechosos de haber concretado el ataque, entre ellos dos supuestos tiradores (Cristian Favale y Gabriel Sánchez) y un delegado del gremio (Pablo Díaz). A continuación, avanzó con las responsabilidades institucionales y ordenó las detenciones de los números uno y dos de la UF, José Pedraza y Juan Carlos «Gallego» Fernández, así como de otro delegado, Claudio Alcorcel. Sobre los diez envió la causa a juicio oral y público.

En paralelo, extrajo testimonios a partir de escuchas telefónicas para la apertura de un nuevo expediente en otro juzgado acerca de un presunto intento de soborno sobre jueces de la Cámara de Casación, un caso en el que está envuelto el exjuez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que participó de la defensa de uno de los imputados al inicio del sumario. En esta causa, el fiscal de Instrucción Sandro Abraldes le pidió al juez Luis Rodríguez indagar y detener a los sospechosos.

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