Senado aprobó expropiar Aerolíneas: el Estado suma gasto por u$s 600 M al año

Un largo debate en el Senado terminó aprobando la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La defendió José Pampuro y el prosecretario Juan José Canals.

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación a Aerolíneas Argentinas, Austral y todas sus empresas controladas. El pago por esas empresas será simbólico, pero la pelea por la estatización de las empresas no terminará allí. Al no aceptar el Grupo Air-Comet Marsans la expropiación, ahora todo el proceso pasará a un arbitraje en el tribunal del CIADI, tal como anunció ayer el grupo español en un comunicado (ver nota aparte). Si el arbitraje no resulta, entonces Marsans presentará una demanda contra la Argentina que podría llegar a u$s 1.000 millones, pero todo indica que la negociación que no se dio en los meses previos a la votación de ayer sí podría concretarse en la mediación ante el CIADI. Pero esto no parece un escollo para el Gobierno: anoche Néstor Kirchner festejó la votación en un acto con taxistas y hasta criticó la veintena de votos en contra que consiguió reunir la oposición.
Por la tarde, 42 senadores kirchneristas y aliados votaron a favor de una expropiación de las sociedades Aerolíneas Argentinas y Austral, en lugar de sólo sus activos, como pretendía la oposición para que el Estado no asumiera la deuda de u$s 890 millones de esas empresas.
Dentro del proyecto se aprobó también la autorización al Gobierno para «instrumentar los mecanismos necesarios» para cubrir las necesidades financieras» de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios. Eso significa que, además de los aportes que el Estado ya hizo para mantener en funcionamiento las dos líneas aéreas, desde ahora deberá cargar el déficit operativo de u$s 2 millones diarios que demandan las dos empresas para continuar volando.
Ésa es precisamente una de las ironías de esta expropiación: en medio de una crisis financiera que impacta en el país, el Gobierno decidió incrementar el gasto u$s 600 millones anuales sólo para mantener una línea aérea.
Según el proyecto, la expropiación apunta a «garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga».
Así, en no más de seis meses, un organismo designado por el Gobierno deberá presentar un plan estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y el largo plazo.
Otra de las características del proyecto es que los empleados volverán a gozar de la propiedad de parte de las acciones a través de un nuevo Programa de Propiedad Participada que les transferirá el 10% de las acciones de las compañías.
Desde el kirchnerismo, el senador Eric Calcagno fue el encargado de defender la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía «un parecido terrible con la que vivió el país en diciembre de 2001».
Calcagno explicó que en los últimos meses el Estado nacional fue reduciendo el déficit de Aerolíneas, y advirtió que el Gobierno tuvo que salir a garantizar el servicio aéreo porque la empresa «dejó de pagar las tasas de seguridad y la nafta».
Lo siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos: «El 65% de la deuda es el que garantiza la continuidad del funcionamiento -dijo-. Si ese 65% no se garantiza, esta aerolínea no vuela». Para el correntino, la ecuación económica de Aerolíneas y Austral no tiene por qué ser superavitaria: «El servicio aéreo no es rentable en ningún lugar del mundo». Fue un reconocimiento a las dudas de toda la oposición sobre el costo futuro de operar Aerolíneas y la deuda que asumirá el Estado.
El radicalismo, que con la oposición reunió 20 votos en contra de la expropiación, estuvo representado en el debate por Gerardo Morales, que apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que escuchaba la sesión desde el Salón Rosado, contiguo al recinto. Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una «nueva empresa» y con el inicio de acciones legales a través de la Procuración contra Marsans para «lograr el resarcimiento por los perjuicios causados» por el grupo español.
El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá volvió a pedir que que se decretara «la quiebra con continuidad de la empresa», de acuerdo con su dictamen de minoría que no recibió apoyo de ningún otro senador.