Sobre la existencia del Fondo de Garantía (y la de Papá Noel)

Enrique Szewach - Economista

Cuando la mayoría de la clase política argentina acompañó la idea del ministro Boudou de terminar con la parte de ahorro y capitalización del sistema jubilatorio argentino para pasar a un sistema de reparto puro, los fondos acumulados hasta ese momento por los aportantes, que administraban por cuenta y orden entidades públicas y privadas, pasaron a la ANSES con el rimbombante nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El objetivo explícito de dicho fondo era «constituir un fondo de reservas anticíclicas», pero «garantizando su carácter previsional».

En otras palabras, dicho fondo podía invertirse en diversos instrumentos, pero siempre en la medida en que se mantuviera su valor de largo plazo.

El FGS es, por lo tanto, la «herencia» dejada por los futuros jubilados en las arcas del Estado, para servir, eventualmente, de reserva, en la medida en que algún problema cíclico impidiera el pago correspondiente de las jubilaciones en su momento.

Pero queda claro que el sistema jubilatorio es ahora un sistema de reparto que «paga» en función de lo que recauda, no sólo de los aportes previsionales, sino de un conjunto de impuestos varios creados para cubrir el bache entre lo que hay que pagar y los aportes genuinos al sistema. (Bache que ronda el 45%-50% del gasto previsional nacional.)

En otras palabras, el sistema de reparto no tiene recursos suficientes y se nutre, más o menos por el 50% del gasto, de otros impuestos, y paga también otros gastos no previsionales como la Asignación Universal por Hijo, las computadoras para las escuelas, etc.; complementariamente existe un supuesto Fondo de Garantía para el futuro, que se compone de lo recibido del sistema de capitalización anterior y de las utilidades de lo invertido y a invertir por dicho fondo.

Pero, ¿cuánto tiene y qué hay en ese fondo? A fines del primer trimestre de 2012 (último dato publicado), el fondo era de 209.000 millones de pesos (más o menos equivalente a lo que hoy se paga anualmente de jubilaciones y pensiones, mal liquidadas y con juicios pendientes). En ese fondo, el 60% son títulos públicos. A su vez, casi el 40% de dichos títulos, 43.000 millones de pesos, están colocados en un bono en pesos a 2045. También hay 15.000 millones en un bono en dólares a 2033, y el resto son bonos a 2018, 2016 y 2014. (suponiendo que los títulos están valuados a valor de mercado). Obviamente, estos títulos no sirven como instrumentos contracíclicos, dado que si en algún momento hubiera problemas para pagar las jubilaciones, también habría problemas para pagar deuda. Y liquidar estos bonos en el mercado secundario, en un momento negativo, haría que su precio se derrumbara. De manera que de los 209.000 millones ya nos quedan, para uso y abuso, unos 86.000. De esos 86.000 millones, casi 29.000 millones ya están «invertidos» en proyectos productivos y de infraestructura, que incluyen desde préstamos al sector automotor (que ya se están devolviendo), hasta pagarés de AySA con vencimiento en 2018 y 2019, programas de vivienda en Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Entre Ríos, préstamo a la Municipalidad de Río Cuarto, y obras viales y financiamiento de centrales de energía, que más que inversiones a recuperar son gasto público (seguramente muy necesario), disfrazado de fideicomisos y documentos varios. Estas inversiones tienen muy poca capacidad de recuperación, sobre todo en momentos cíclicamente negativos. Como no se detalla el cronograma de recupero de estos fondos, supongamos que de ellos es líquido el 10%, unos 3.000 millones de pesos.

Luego queda la inversión en acciones de empresas privadas, unos 17.000 millones de pesos, obviamente líquidas, pero en la medida en que la eventual venta de estas acciones se haga muy lentamente en el mercado o en bloque a los accionistas mayoritarios (sólo de Telecom y Siderar hay cerca de 7.000 millones de pesos).

Quedan finalmente «líquidos» unos 25.000 millones de pesos en plazos fijos y otros fondos, de los cuales casi la mitad está en el Banco Nación y el Banco Provincia).

Los fondos a plazo fijo están depositados a tasa negativa, y se van licuando con el tiempo, al ritmo del diferencial con la tasa de inflación real.

En síntesis, lo único verdaderamente líquido son plazos fijos y fondos comunes de inversión (que tampoco se pueden retirar rápidamente, sin generarle un problema en particular a la banca oficial) y las acciones de empresas privadas, que deberían venderse en bloque o muy lentamente. (Aquí se supone que los bonos y las acciones están contabilizados a valor de mercado.)

Dichos fondos líquidos, si se usaran en su totalidad para el plan de viviendas creado por el PRO, perdón, para el plan PRO.CREAR, alcanzarían, a un promedio de 150.000 pesos por crédito, a cubrir el 60% del programa anunciado. Pero de esa manera el fondo se quedaría sin ninguna liquidez y se iría licuando, porque los préstamos son, en promedio, a tasas negativas.

En síntesis, por todo lo expuesto, el objetivo de un fondo anticíclico previsional no se cumple, ni se cumplirá.

No se hagan los rulos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no existe y Papá Noel tampoco, y de lo segundo no estoy tan seguro.