El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dijo que había recibido una solicitud del Gobierno de Venezuela para revisar el fallo, que se anunció a principios de este mes.
"La Secretaría General registra una solicitud de revisión del laudo presentada por la República Bolivariana de Venezuela, y notifica a las partes de la suspensión provisional de la ejecución del laudo", dice un comunicado publicado en la página en internet del CIADI. El registro tiene fecha del 24 de octubre.
Las reglas del convenio del CIADI permiten que las partes soliciten aclaración o revisión de una sentencia que se dicte, lo que podría llevar al tribunal arbitral a reunirse de nuevo, dijeron abogados consultados.
Exxon había pedido a un tribunal de distrito de Estados Unidos hacer cumplir la decisión.
El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, dijo que Venezuela va a pagar la indemnización, luego de calificar la decisión del tribunal arbitral como una victoria, porque el monto representa sólo una fracción de los u$s 10.000 millones que Exxon solicitó al inicio del caso.
En sus argumentaciones frente al CIADI, la compañía había señalado que "merecía una compensación por un monto no menor" a u$s 16.800 millones por los daños, "más intereses".
El fallo llegó en un momento delicado para las finanzas de Venezuela, que tiene que enfrentar pagos de deuda externa cercanos a u$s 5.000 millones este mes y con una economía aparentemente en recesión, según analistas, pese a que no se conocen datos oficiales.
El país enfrenta más de 20 casos de arbitraje en el tribunal del Banco Mundial presentados luego de que el expresidente fallecido Hugo Chávez inició una serie de nacionalizaciones en 2007. Uno de ellos fue solicitado por la petrolera Conoco Phillips.
Entre los desarrollos petroleros que nacionalizó Chávez estaban el proyecto de crudo pesado Cerro Negro y un proyecto más pequeño llamado La Ceiba, ambos operados por Exxon.
Venezuela, el país con más demandas en curso ante el CIADI, se retiró de este órgano en 2012, cuando el Gobierno cuestionó su imparcialidad y argumentó el "derecho del pueblo venezolano" para decidir sus orientaciones estratégicas.
No obstante, Caracas aún debe responder por los casos presentados con anterioridad a esa fecha.
| Agencias Reuters y Afp |
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