También la oposición exige que el Congreso investigue la maniobra

Ernesto Sanz

A pesar de estar en medio del receso de verano, la oposición reaccionó ayer en el Congreso al escándalo por el pago supuestamente ilícito que se realizó en el Ministerio de Economía a empresas de seguros por $ 54 millones, que sería sólo uno de los casos de defraudación contra el Estado cometidos con el mismo procedimiento.
El radicalismo anunció ayer que pedirá una sesión especial en el Senado para analizar el escándalo en el Ministerio de Economía y la constitución de una comisión especial investigadora de toda la deuda pública consolidada argentina. La UCR es quizás el partido que más experiencia tiene en investigar este tipo de estafas: el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz denunciaron el escándalo por el caso Greco, otro pago ilícito por casi u$s 200 millones, que no llegó a concretarse sólo porque intervino el Congreso cuando se intentó aprobar la ley de emisión de bonos para pagar a los herederos y ex integrantes de ese ex conglomerado de empresas.
Lo importante de ese caso (al que muchos medios prefirieron ignorar) fue no sólo que se probó la existencia de una red interna en el área jurídica de Economía que permitió habilitar un pago indebido, sino que por primera vez se evitó un daño patrimonial al Estado y se llegó al fin de una investigación por corrupción. De hecho, el juez de la causa Greco, Francisco de Asís Soto, terminó declarando nula su propia sentencia en la que había homologado un pago a los mendocinos por $ 332,5 millones.
La experiencia del caso Greco, entonces, sería la base para comenzar a analizar una matriz delictual que operaría desde hace años en el Ministerio de Economía para acelerar o habilitar pagos a acreedores del Estado.
Ese procedimiento fue denunciado por la UCR cuando investigó el caso Greco y batalló para que el Ministerio de Economía entregara el expediente administrativo del trámite de ese pago, algo que Morales y Sanz consiguieron sólo cuando la Justicia dictó una orden para que se abrieran los expedientes.
De hecho, fue Miguel Peyrano el ministro de Economía que le entregó a la oposición copias de todos los archivos del caso Greco y quien ordenó continuar a fondo con la investigación en el ministerio sobre el control y la autorización de pagos de deuda pública consolidada durante su paso por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Economía.

Advertencia

No extraña, entonces, que Peyrano le hubiera advertido al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a poco de haber asumido como ministro de Economía: «Yo me quedo, pero sacamos a este tipo», en referencia a Juan Cayetano Intelisano, el funcionario acusado por Manuel Garrido, fiscal de Investigaciones Administrativas, de haber habilitado el pago ilegal.
El escándalo de los Greco tiene también protagonistas en común con esta investigación. Y de hecho casi todos los implicados en el caso del pago a las aseguradoras participaron de alguna forma en el caso del grupo mendocino. Especialmente Yolanda Eggink, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, que intervino en el expediente Greco y también en la habilitación del pago al grupo asegurador Accolade Pool.