Tarifazo del gas: ordenan que se concentren causas en la Capital

Carlos Balbín

 El Gobierno reforzó la contraofensiva judicial por los amparos contra el tarifazo del gas y logró ayer que la jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, resolviera el traspaso de todas las causas que se tramitan en localidades del interior al fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La estrategia oficial en el ámbito judicial incluye además el pedido a la Corte Suprema hecho por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, para que intervenga en el amparo solicitado por el Gobierno de Chubut invocando la competencia originaria de ese tribunal en los conflictos entre el Gobierno nacional y una provincia. También se anota en la misma línea un dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó planteando la facultad del Poder Ejecutivo en la fijación de tarifas en una causa por las subas en el gas dispuestas en 2014 por el Gobierno anterior que ya llegó a la instancia de la Corte.

De esta forma, el Gobierno por un lado ofrece atenuantes para el ajuste dispuesto en el gas a partir del 1 de abril, y por otro presiona en la Justicia para frenar los amparos que se multiplican en todo el país.

Ayer a través de la Resolución 99 del Ministerio de Energía se oficializaron los topes del 400% para hogares y del 500% para industrias y comercios en las subas del gas en todo el país, lo que tiene especial impacto en la Patagonia y La Pampa, que no tuvieron aumento en 2014, y en jurisdicciones como Mendoza, San Luis y Santa Fe, donde tampoco se aplicaron esas alzas por disposición judicial.

Pero esos topes ya fueron rechazados en algunas provincias y se estima que desde hoy surgirán nuevos pedidos de amparo, ahora que ya está publicada la Resolución 99, lo que explica la simultánea ofensiva en la Justicia.

Uno de los problemas a que todavía puede enfrentarse el oficialismo es que aparezcan pedidos de amparo de asociaciones de consumidores en Capital Federal y Gran Buenos Aires hacia fines de este mes y comienzos del próximo, cuando lleguen a los hogares las facturas con dos meses completos de aumento en los cuales el consumo se incrementó porque las temperaturas fueron más bajas que en igual período de 2015.

En el fallo conocido ayer, la jueza Biotti admitió la inhibitoria planteada por el Estado nacional con respecto a los tribunales con asiento en el interior para causas referidas a la suba de las tarifas de gas. Además ordenó librar oficios para que se le remitan ocho causas, "o en su defecto su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda".

Los amparos que deberían cambiar de jurisdicción incluyen el dictado por el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata N° 4 que no frenó las subas hasta ahora, y los emitidos por los juzgados federales de Rawson, Río Gallegos, Bariloche, Mendoza, San Rafael, Ushuaia y Salta que ordenaron suspender los nuevos valores.

Para fundamentar esta decisión, Biotti afirmó que como en esos fallos se impugnan las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, que son actos que emanan de una autoridad nacional, la competencia recae en la Justicia contencioso administrativa federal. Y al establecer la competencia territorial, la jueza afirmó que resultan competentes "los tribunales del lugar de asiento del organismo emisor de los actos cuyos efectos se intentan suspender o evitar".

Esta decisión judicial es novedosa: ni siquiera se adoptó cuando la Justicia de Mendoza declaró inconstitucional el decreto de 1997 sobre el rebalanceo de las tarifas telefónicas en esa provincia.