La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera apelaron la decisión del juez Sebastián Casanello de no llamar a declaración indagatoria a la expresidente Cristina de Kirchner en la causa que se le sigue a Lázaro Báez por lavado de dinero. Este pedido de indagatoria también había sido formulado por la fiscalía, pero el 15 de diciembre el juez lo rechazó y le solicitó a la unidad antilavado que indique qué elementos de prueba poseía para considerarla sospechosa.
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Según expuso la OA -que dirige Laura Alonso- y la UIF, a pesar de la prueba que consta en el expediente, sobre la maniobra completa, y que apuntarían a Cristina de Kirchner como la presunta jefa de la asociación ilícita y beneficiaria real de los bienes y fondos de Báez, "el juez se resiste a llamar a la expresidente a ejercer su defensa en declaración indagatoria".
En sus presentaciones, ambos organismos sostuvieron que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que Cristina Fernández y su difunto esposo Néstor Kirchner- resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el re-ingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas "Hotesur y Los Sauces". La hipótesis va en sintonía con una decisión del año pasado de la Cámara Federal que ordenó que se investiguen todos los expedientes como facetas de una misma maniobra conformando una "megacausa". Los expedientes serían los de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz (con pedido de elevación a juicio de los fiscales), el de lavado bajo el mando de Casanello (en el que Báez acumula varios procesamientos), y los de las causas Los Sauces (con procesamientos confirmados por la Cámara Federal), junto a Hotesur (finalizando etapa de indagatorias bajo el mando de Julián Ercolini).
Los querellantes (Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) entendieron que es necesaria la intervención de la Cámara Federal dada "la intransigente postura del juez de no receptar la pretensión de los acusadores de convocar a la imputada a prestar declaración indagatoria, a pesar de haber alcanzado la investigación el estado de sospecha necesario para ordenar dicho acto". El titular de la UIF, Mariano Federici, apuntó a Casanello: "esta reiterada resistencia del juez ocasiona demoras similares a las que ya se vieron en esta investigación cuando su accionar debía involucrar a Lázaro Báez". Alonso ó que "vamos a agotar todas las instancias legales a fin de que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea citada a indagatoria por el juez Casanello. Creemos que el dinero lavado por Báez proviene del direccionamiento intencionado de las decenas de millones de las obras públicas".
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