Los residentes, que niegan enfáticamente los vínculos con el crimen organizado o el tráfico de drogas, regresaron a la zona y construyeron casas improvisadas a partir de los restos de sus hogares. Pero esas endebles estructuras también fueron derribadas en una nueva operación el jueves .
"Ocho años tengo yo aquí viviendo. Lo último que tenía en el banco lo gasté aquí para vivir más o menos, pero ahora estoy viviendo peor que los perros", dijo Ángela Holguín, de 56 años, quien tras volver de una cirugía, descubrió que su casa había sido aplanada.
En la más reciente campaña de seguridad lanzada por el Gobierno, las autoridades detuvieron a miles de ciudadanos, allanando hogares y destruyendo propiedad privada sin las órdenes judiciales que establece la ley, según grupos no gubernamentales de derechos humanos y residentes.
Activistas denuncian que recibieron decenas de denuncias de detenciones masivas de ciudadanos sin vínculos criminales, tratos denigrantes por parte de las autoridades y robo de propiedad personal durante el desarrollo de la llamada "Operación Liberación del Pueblo", u "OLP", que comenzó en julio. Cincuenta y dos personas murieron por resistirse al arresto durante el primer mes de la operación, de acuerdo con el Gobierno, que sin embargo no reportó ninguna baja policial, lo que según los grupos de derechos humanos es un patrón que podría indicar ejecuciones ilegales.
La campaña incluyó la deportación de cientos de colombianos que viven cerca de la frontera, lo que atrajo la atención mundial el mes pasado cuando los inmigrantes regresaron a su país cargando sus pertenencias en la espalda. El Ministerio del Interior y Justicia no respondió a las preguntas acerca de las OLP.
En declaraciones a los medios locales, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció los "excesos policiales" y la detención de un número innecesario de personas, pero apoyó ampliamente el operativo. Maduro rechazó las críticas de grupos de derechos humanos calificándolas como sabotaje de sus adversarios políticos; y prometió que el operativo mejorará la seguridad en Venezuela, que según Naciones Unidas tenía la segunda mayor tasa de homicidios del mundo en 2012.
Algunos soldados golpearon a mujeres embarazadas y robaron pertenencias en el barrio Cota 905, de Caracas, donde se produjo una de las primeras OLP, dijo una líder de la comunidad. "Se supone que es un operativo de seguridad, no deberían agredir a las personas", dijo en una entrevista telefónica Lisney Bermúdez, de 43 años, enfermera y líder de la comunidad que fue testigo de la operación.
La organización de defensa de los derechos humanos Provea dijo que 4.021 personas fueron detenidas durante el primer mes de las redadas, pero que menos del 10% en realidad estaban acusados de delitos, en lo que el grupo identifica como un indicio de arrestos indiscriminados.
| Agencia Reuters |
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