Desde el combo de partidos UNEN de la Legislatura porteña, que conforman un interbloque con media docena de sellos, acudió a la Justicia en contra del acuerdo del PRO con el kirchnerismo que traspasó, la semana pasada los excentros clandestinos de detención a la órbita nacional. Es el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que quedó disuelto en la misma sesión con la sanción de una ley que pidió Mauricio Macri con ese objetivo. El radical Hernán Rossi consideró que debe aplicarse un mecanismo que rige para las concesiones de espacios públicos por más de cinco años y que estaría mal aprobado el convenio de transferencia del IEM que los gobiernos firmaron en el verano. Rossi explicó que junto a los legisladores Juan Nosiglia, Inés Gorbea, Hernán Arce, Javier Gentilini, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y la diputada nacional Alcira Argumedo presentó un amparo "para frenar el traspaso dada la clara inconstitucionalidad de la transferencia".
Dicen en UNEN, agrupación que se referencia con Elisa Carrió, que el traspaso realizado fue "de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el procedimiento legal y constitucional previsto para la celebración de convenios para la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años".
Para Rossi, "con el IEM los porteños contaban con un organismo autónomo y autárquico que desarrollaba políticas de memoria alejadas de los vaivenes políticos y de los oportunistas de turno".
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