Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, entre los que se encuentran el fondo Burford, cuestionaron este lunes ante la Justicia de EEUU la decisión del gobierno de Donald Trump de presentarse como "amicus curiae" en la causa, lo que interpretaron como un apoyo legal a la Argentina en su pedido de suspender el pago de la demanda por u$s16.000 millones a través de acciones de la petrolera.
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Los demandantes cuestionaron la decisión de la administración de Donald Trump de presentarse como amicus curiae. Criticaron la falta de familiaridad de Estados Unidos en la causa y la negativa a mantener una reunión previa con los fondos para explicar "los errores de interpretación del caso".
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Los demandantes presentaron un documento ante el juzgado de Loretta Preska, la magistrada que atiende en la causa.
El cuestionamiento fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el expediente por la nacionalización de la compañía de mayoría estatal. En el documento, difundido por el especialista y titular de Latam Advisor, Sebastián Maril, los demandantes apuntan con dureza contra la administración de Trump por interponer el recurso en favor de la posición argentina.
La presentación como "amicus curiae" por parte del gobierno de los EEUU fue calificada como "altamente inusual" y afirmaron que se debe a una "falta de familiaridad" con la causa que lleva adelante la jueza Loretta Preska. Además, consideraron que no aporta "nada sustancial" y aseguraron que se basa "en premisas erróneas". "Lamentablemente, la urgencia y la falta de familiaridad del gobierno en este caso quedan en evidencia en su escrito", se quejaron.
En un escrito de diez páginas, los fondos también cuestionaron que la administración Trump no atendió sus pedidos de reunión en la que, según dicen, podrían "haberle explicado los errores de interpretación del caso", los cuales "derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia". A su vez, plantearon que como "difícil del entender" como se alcanzan los objetivos políticos de la Casa Blanca "al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales".
Además de criticar el recurso interpuesto por el gobierno de Trump, también se refirieron a los efectos que este ha tenido en la postura de la Argentina y en la prensa local. "Los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia", señalaron.
La nueva presentación se da en la previa del descargo de los abogados argentinos que tendrá lugar este martes 22 de julio. En el documento judicial, los demandantes objetan que el respaldo legal del Departamento de Justicia estadounidense no corresponde en la actual instancia de suspensión momentánea del fallo, ya que explican que para que sea válido ahora debe contar con un aval previo del tribunal.
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El nuevo escrito se suma al presentado a finales de la semana pasada con los argumentos elevados para sostener el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a desprenderse de las acciones de YPF, aunque desestimaron la opción de hacerse de los papeles pidiendo que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.
El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se asistió como amicus curiae en la causa que se tramita en Nueva Yok, y rechazó ante la Cámara de Apelaciones la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre. Tal como anticipó Energy Report altos funcionarios de la administración de Donald Trump tenían previsto interceder en favor del país en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Preska.
"Estados Unidos solicita autorización para presentar un memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión pendiente de apelación de la República Argentina", dicen los encabezados de los tres documentos a los que accedió este medio, que fueron firmados por el fiscal general David E. Farber.
Es que el Departamento de Justicia presentó escritos en cada una de las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energia Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.
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