2 de octubre 2008 - 00:00
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El Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, anunciará mañana
numerosos cambios estructurales en su cartera.
Batalla, funcionario proveniente del delarruismo y que tuvo, en los años de la Alianza, una salida conflictiva de una de las direcciones del Teatro Colón, piloteaba por estos días la reformada y espléndida sala del Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, en donde -siempre según esas versiones-, llegó a adquirir una autonomía y un poder de decisión que molestaron al Ministro, especialmente cuando produjo algunos nombramientos.
Una fuente política, que pidió mantener el anonimato, dijo a este diario que el enfrentamiento entre Lombardi y Batalla ya venía desde hace tiempo, pero se agravó en los últimos días y el detonante fue hace dos semanas, en ocasión de la inauguración de la temporada televisada del Metropolitan de Nueva York en el 25 de Mayo. Esa misma fuente también contó que Batalla pretendía, contra la voluntad de Lombardi, incrementar el presupuesto para el 25 de Mayo a expensas de fondos destinados a otros emprendimientos de la ciudad, como los festivales de primavera. Consultado por los destinos del 25 de Mayo, el Ministro se limitó a decir a este diario que «se mantendrá su política cultural», evitando hacer referencia a su futuro administrativo. Sobre Batalla, cuyo próximo destino político podría estar vinculado al reemprendimiento del postergado tema de la Ley de Mecenazgo, Lombardi sólo comentó que «ya no pertenece al área de Cultura».
Sin embargo, el anuncio de la reforma estructural del Ministerio no era ayer el único tema del que se hablaba, oficiosamente, en el sector de Cultura. Según pudo saber este diario, en pocos días más comenzarán a conocerse los nombres que se sentarán, junto con Horacio Sanguinetti y Martín Boschet, a la mesa del futuro Directorio del Teatro Colón que creó la recientemente sancionada Ley de autarquía, que prevé un total de cinco sillas incluyendo al director general ( Sanguinetti), el director ejecutivo (Boschet) y un representante de los trabajadores del Colón
Para las otras sillas restantes se barajaban los nombres de Leandro Iglesias, ex director general del Colón durante la gestión Telerman, y el del régisseur par excellence del teatro, el maestro Roberto Oswald. Sin embargo, ninguno de estos nombramientos pudo ser confirmado.
Iglesias, que elevó ante la Legislatura un proyecto de ley de autarquía alternativo al del oficialismo (del que se adoptaron algunos de sus artículos para la sanción final) se sorprendió sin embargo ante la consulta de este diario: «Es la primera noticia que tengo», dijo. «La legislación aprobada», continuó «prevé la creación de un Consejo Asesor para el Teatro Colón, que es algo distinto del directorio. Ese Consejo estará compuesto por más de diez personas, empezando por el Jefe de Gobierno y el Ministro de Cultura, cosa que no me parece demasiado lógica. No recuerdo exactamente qué otras personas lo integrarán, sé que también hay un representante de la Fundación Teatro Colón, y otro que es el director general de la gestión anterior, que en ese caso sí sería yo. Pero hablar de integrar el directorio es otra cosa».
Antes de la sanción de la ley de autarquía, existieron no pocas versiones, sobre todo provenientes de la férrea oposición que existió contra su promulgación, que la designación de los restantesintegrantes del directorio del Colón serían el resultado de un acuerdo político entre legisladores del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica y el PRO.
«¿Usted quiere saber quién es el director que pongo yo?», respondió ayer a este diario, entre irónica y algo molesta, la presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura, Inés Urdapilleta, ante una consulta que se le hizo sobre la entrada en vigor de la ley de autarquía. «Ese es un disparate mayúsculo. Los integrantes del directorio serán designados, según indica la ley, por el Jefe de Gobierno, y obviamente tienen que tener no solo prestigio sino también consenso en el ámbito del teatro Colón. Además, hablar en este momento de nombres me parece demasiado precipitado. La ley fue aprobada el pasado 12 de setiembre a la madrugada, y prevé 90 días desde entonces».

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