Endurecen controles sobre presos con libertad vigilada

El registro histórico indica que 3 de cada 10 presos, dentro de los dos años de ser liberados, volvieron a delinquir a pesar de estar, en teoría, bajo control oficial. El dato espanta al cotejar que hay 38 mil convictos que cumplen su condena fuera de las cárceles. Por eso el gobierno bonaerense lanzó ayer un plan para intensificar los controles sobre presos con libertad vigilada.

En una provincia golpeada por la inseguridad, donde el «tester» del pánico social está permanente en rojo, el fracaso del mecanismo encargado de supervisar a los presos liberados -a pesar de que no se trata siempre de delincuentes peligrososalimenta el caos.

• Errores formales

En buena medida, los baches en el control responden a errores formales: en la actualidad, el Patronato de Liberados, organismo encargado del control, sólo cuenta con 100 empleados abocados al seguimiento de los 38 mil «vigilados», promedio de un funcionario cada 380 presos.

Por eso, Felipe Solá lanzó ayer un plan para reforzar el que, antes de fin de año, llevará de 100 a 600 el ejército de supervisores para, entre 2005 y 2006, incorporar otros 1.000. Para entonces, la relación será de un asistente cada 30 liberados, la cifra considerada «ideal».

Para el gobierno, según explicó el ministro de Justicia provincial Eduardo Di Rocco, la «mejora» del régimen de supervisión de los liberados tendrá como efecto primario una reducción en el índice de reincidencia.

• Precisiones

Sólo computando los dos años siguientes a su liberación, el promedio de reiterancia o reincidencia trepa a 30 por ciento. Al computarse un lapso mayor, el indicador llega a 40 o hasta 45%, según la estimación de Juan Carlos Anglada, titular del Patronato de Liberados.

Hay un dato preciso: de las 33 mil sentencias dictadas por la Justicia en todo el país en 2003, más de 8 mil imputados tenían condenas anteriores. Ese número no computa a los que tienen causas acumuladas sin sentencia, situasistemación en que están casi 90 por ciento de los detenidos bonaerenses.

Pero el plan de Solá y Di Rocco no se agota en el incremento de monitores. Hay dos medidas adicionales:
• Los municipios se acoplan al régimen incorporando en sus gobiernos áreas específicas para el seguimiento de los liberados domiciliados en sus distritos. El personal, de todos modos, dependerá de la provincia y se tratará de asistentes sociales que vivan en cada municipio. A través de un sistema informático, cada intendente -además de los funcionarios judiciales-podrán tener un «mapa» de los liberados que hay en su ciudad. Ayer, a modo de inicio, firmaron el convenio de adhesión Alberto Descalzo de Ituzaingó y Daniel Katz de Mar del Plata, ciudad que detrás de La Matanza (con 3.650) tiene la mayor concentración de presos liberados: 2.580.

• El gobierno provincial aportará recursos y logística para destinar a la cobertura social y laboral de los liberados, a partir de la concepción de que los ex convictos, sin margen de reinserción en la sociedad, vuelven a delinquir. «Sólo el control no sirve, también hay que darles oportunidad para que se reinserten», argumentan en La Plata.

De todos modos, sólo un porcentaje pequeño de los 38 mil liberados fueron condenados o acusados por delitos graves. En ese volumen hay convictos que cumplen probation y excarcelados sin condena o con sentencia en suspenso y que, por el régimen actual, pueden salir en libertad vigilada.

La reestructuración del Patronato de Liberados forma parte del plan de reforma que Solá y Di Rocco impulsaron respecto a las políticas penitenciarias y que, en otro de sus capítulos, disparó la intervención del Servicio Penitenciario de la provincia.