Grave: cárceles en Buenos Aires no pueden recibir presos

Está ante una encrucijada Felipe Solá: con leyes inflexibles y una Justicia morosa e ineficaz, las cárceles y comisarías de la provincia están saturadas de detenidos, fenómeno que parece difícil de revertir, al menos en el corto plazo. Esa situación detonó la alerta de un funcionario bonaerense que ayer advirtió que los penales, por estar superpoblados, ya no pueden recibir más reclusos.

Felipe Solá

Con un excedente de 6 mil presos sobre las 19 mil plazas disponibles, las cárceles bonaerenses quedaron virtualmente inhabilitadas para alojar más reclusos mientras, en paralelo, en las comisarías provinciales permanecen detenidos otros 5.400 reclusos.

Ese paneo, crudo reflejo de la crisis que enfrenta el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) -intervenido este año por orden de Felipe Solá-, explica la reacción del subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo, que ayer declaró el cierre de los penales provinciales.

«Estamos al límite de la superpoblación carcelaria», dijo Rotundo y señaló que dio «instrucciones» para que «no se reciba un solo interno más en la medida en que no se vayan produciendo libertades». Es decir: hasta que no se generen vacantes, no habrá ingresos.

Eterno eslabón débil del sistema, las cárceles bonaerenses registran 25% de superpoblación: con 19 mil plazas aptas, alojan a 24.960 internos. El endurecimiento de las leyes, promovido en los últimos años, y la recurrente lentitud judicial, sólo agravaron un problemahistórico. Al margen, día a día se producen detenciones que incrementan el caudal de alojados en comisarías. Tras la sangría para «desagotar» las dependencias policiales -en agosto, se transfirieron 1.800 reclusos a las cárceles-la crisis se mudó al Servicio Penitenciario.

• Alarma y aclaración

Pero Rotundo, con su anuncio sobre « cárceles cerradas», sembró la alarma. La primera lectura fue que, a partir de la saturación en los penales, no se producirían más arrestos porque, en los hechos, no habría lugar donde mantenerlos detenidos.

Pero el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, aclaró que eso no ocurrirá: dijo que el Servicio Penitenciario recibe «en forma continua» a reclusos derivados de comisarías, consecuencia de que, diariamente, se producen entre «20 y 30 vacantes».

En la misma línea, desde la cartera de Seguridad, se abundó que, lógicamente, la Policía no dejará de actuar ni de efectuar detenciones. De hecho, Rotundo indicó como un factor de crecimiento de la tasa de detenciones a la «mejoría» en la intervención policial.

Pero, en lo macro, el sistema estalló. León Arslanian reclama que deriven a los presos que permanecen en las comisarías a los penales para liberar a la Policía de una función para la que no está preparada: la de guardia cárcel. Desde el Servicio Penitenciario explican que no hay lugar disponible.

Nadie lo dice en voz alta pero el pánico entre los funcionarios es con el comienzo del calor y la proximidad de las fiestas -momentos proclives a los desbordes en las cárceles-, seguir sumando reclusos a unidades hiperpobladas, puede desatar o acelerar una crisis con los internos.

«El sistema tiene un equilibrio que puede perderse si se sobrepasa excesivamente la capacidad real», dijo, a modo de advertencia, Di Rocco.

A futuro, asoma una destello de solución estructural: en marzo, con la inauguración de una unidad de 700 plazas en Urdampilleta, Bolívar, comenzará a concretarse un plan penitenciario que, con un costo total de 230 millones de pesos, permitirá agregar 5.388 vacantes durante 2005.


• Localizaciones

Además de Urdampilleta se construirán unidades en San Martín, Campana y Florencio Varela. Y se avanzará con alcaidías en San Isidro, La Plata, Mar del Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y San Martín. Y ampliación en Magdalena, Bahía Blanca y Azul.

En tanto, según anticipó ayer Solá, hacia 2007, la capacidad de los penales habrá crecido en 15 mil vacantes adicionales.

Pero el debate por la crisis carcelaria detonó a partir de un informe que la Comisión Provincial de la Memoria le presentó ayer a Solá, Di Rocco y Arslanian, con denuncias sobre tortura en las unidades penales.

Esta comisión, encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, detectó la acumulación de 3.500 denuncias por apremios y torturas en penales bonaerenses por lo cual, a nivel internacional, reclamará «el desmantelamiento de ese sistema de crueldad».