8 de diciembre 2004 - 00:00

No siempre eliminar armas baja el delito

Nelson Mandela
Nelson Mandela
El gobierno insiste en un proyecto de ley para la compra de armas en poder de civiles como fórmula de disminuir los índices de violencia inspirado en una experiencia similar a la que lleva adelante Brasil y que entusiasma a Aníbal Fernández.

A través de este programa, toda persona que posee un arma de fuego podrá canjearla por dinero en efectivo y entregarla a la Policía para su posterior destrucción.

Si bien hasta el momento no está definido el monto, el presupuesto para este proyecto rondaría los 30 millones de pesos, similar al monto anual que el gobierno de Brasil destinó para el Programa de Desarme en ese país.

El proyecto emula experiencias exitosas en países que salen de guerras civiles, como Sudáfrica o El Salvador, cuyas características son diferentes a las de la Argentina, donde la tenencia de armas creció ligada al aumento de la delincuencia que, aunque sea algo inconfesable, generó una reacción del público para superar el estado de indefensión.

El mismo Estado, cuyas fuerzas de seguridad están en crisis, al menos en la región metropolitana del país, donde vive más de la mitad de la población, fue incapaz también de frenar el tráfico legal e ilegal de armas. Más allá de la política que un país se dé en torno a la tenencia de armas -diferencias en la liberalidad para obtenerlas, mantenerlas y usarlas-ningún gobierno resigna los controles, algo que ocurrió aquí en los últimos años.

• Incógnita

Lo que sigue siendo una incógnita es si estos mecanismos de comprar o canjear las armas al público no ligado a la delincuencia efectivamente baja los índices de criminalidad como sí se ha registrado en aquellas experiencias en las que las armas han quedado en manos de civiles que participaron en guerras internas.

Luego de la caída del apartheid (Sudáfrica) y de la paz del gobierno civil con las guerrillas centroamericanas (El Salvador), la transición se dificultó por la gran cantidad de armas que habían quedado en manos de la población, la mayoría de ellas de calibre bélico y de alto valor en el mercado.

En el plan que se realizó en Sudáfrica se le puso un valor a las armas y se organizó el canje, que resultó exitoso ya que en realidad la función de esos arsenales se había perdido con la llegada de la paz.
De ese plan, iniciado con la presidencia de Nelson Mandela participó una experta argentina, la politóloga Virginia Gamba, que reside en ese país y condujo el proyecto desde la fundación «Safer Africa».

Una experiencia parecida fue la que llevó a cabo la ONU en El Salvador con el proyecto ONUSAL, que rescató miles de armas mediante el canje por dinero, alimentos o materiales de construcción para indigentes.

En fecha reciente, el delegado de la ONU en Haití, el embajador
Juan Gabriel Valdez, proyecta aplicar el mismo sistema de desarmar a los civiles de ese país, aprovechando su pasión por el fútbol, instalando ventanillas en los estadios para el canje de armas por alimentos.

• Hipótesis

La única experiencia que puede aportar la Argentina data de la administración de Roberto Iglesias como gobernador de Mendoza y está siendo aún analizada por expertos en seguridad a partir de una constatación: sacar armas en manos del público provocó un aumento del índice de criminalidad.

La principal hipótesis que han formulado los expertos es que
los ciudadanos que no están ligados a la actividad criminal fueron los que masivamente se acercaron a canjear las armas por dinero. Sin armas, quedaron a merced de los delincuentes que por cierto retuvieron su arsenal y aumentaron su dominio sobre aquéllos.

Esta hipótesis describe la tenencia de armas como una reacción «ecológica» del público, que busca compensar su indefensión. Si acceden a venderlas o canjearlas, quedan más indefensos porque los criminales nunca se quedarían desarmados.

Los indicadores de criminalidad no descendieron en Mendoza
, según los datos oficiales, pero es difícil que esa experiencia sola sirva para descartar la iniciativa del canje de armas.

Reconocer que el público tiene armas para defenderse de los delincuentes que desbordan a las fuerzas del orden es algo inadmisible para cualquier administración.
Equivaldría a admitir que la prostitución regula la violencia sexual en algunos estratos de la sociedad, una teoría que es válida para explicar esa ominosa y eterna forma de esclavitud (lo argumenta Jaques Rossiaud en el libro «La prostitución en el medioevo») que pertenece al orden de las verdades inconfesables.

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