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El decreto, firmado por el gobernador Felipe Solá, obliga a todas las comisarías a tomar denuncias de violencia familiar, « constituya o no delito el hecho denunciado» y «en forma inmediata» remitirlas a los juzgados de Familia o a los civiles. Hasta el momento, las comisarías «sólo labraban actas cuando las víctimas denunciaban delitos con tipificación penal, como amenazas o intento de homicidio».
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