Anulación por ley sólo tendrá valor simbólico

El Congreso no será el escenario donde se decida la validez o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, porque hay coincidencia entre la mayoría de los legisladores en cuanto a que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que emita el dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la leyes del perdón. Si esas normas quedasen si efecto, se reabrirían los juicios a militares acusados de delitos cometidos en la represión del terrorismo en la década del '70. Un fallo del Alto Tribunal en esa sintonía implicaría que unos 3.800 exculpados por esas leyes podrán ser juzgados en el país, lo que cierra la posibilidad de que sean reclamados por la Justicia de países como España, Francia, Italia y Alemania.

En el Congreso, está a consideración la «sesión especial» pedida por la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh para discutir el 12 de agosto la posibilidad de anular las normas.

Pero la premura que le imprimió Walsh a este tema encuentra resistencia en los bloques mayoritarios del peronismo y del radicalismo. Tampoco tendría eco favorable en el interbloque Federal (aglomera a la mayoría de los partidos provinciales), lo cual podría traducirse en una postergación de la fecha de debate.

Los diputados dudan sobre la conveniencia de que sea el Congreso el que anule las leyes que fueron sancionadas por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Una decisión que no tiene antecedentes en la vida de la República y que tampoco puede ser comparada con la nulidad legislativa de la ley de autoamnistía de los militares que se resolvió en 1984, porque -precisamente- se trató de una norma dictada por un gobierno de facto.

Ya lo advirtió la semana pasada la senadora Diana Conti: el Congreso puede anular las leyes pero sería sólo simbólico y no tendría el efecto real (lo que pretende Kirchner), es decir, que los militares sean juzgados por la Justicia argentina.

Dos hombres políticamente fuertes dentro del Congreso marcaron el casi seguro rumbo que tomará la Cámara baja sobre la cuestión militar.

Ricardo Falú, una de las espadas de Kirchner en su relación con la Corte Suprema de Justicia, no anduvo ayer con rodeos: «La Corte es una institución que, tranquilamente, puede expedirse sobre la derogación de estas controvertidas leyes de Obediencia Debida y Punto Final».

El tucumano es proclive a evitar una discusión apresurada que termine convirtiendo el tema militar en un verdadero caos jurídico. Otro que se inclina por la vía judicial es el presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti. El radical sostiene que «otro poder del Estado debe determinar si la ley es nula o no». Obviamente, se refiere a la Corte Suprema.

El bloque de la UCR se reunirá mañana para consensuar la posición que tomará en el Congreso, pero todo indica que el pronunciamiento que de allí saldrá es que el análisis de las leyes no debe hacerlo el Congreso sino la Justicia.

Alberto Natale, del Interbloque Federal, que en 1987 votó en contra de las leyes de punto final, es otro de los políticos que está en contra de que la presión de anular las leyes se traslade al Congreso, cuando en realidad « la potestad la tiene la Justicia».

Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse sobre el tema militar, existen dos elementos que pueden acelerar el tratamiento del caso: el pedido de detención con fines de extradición de 45 militares y ex militares por parte del juez español Baltasar Garzón, y la sugerencia del kirchnerismo para que el Tribunal se expida lo antes posible.