Benefició la Corte a Sra. de Noble por adopciones

Judiciales

La Corte Suprema de Justicia les dio ayer la razón a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y amparó su derecho a que les sean extraídas pruebas de sangre para determinar su filiación, pero sin que esos datos queden depositados en el Banco Nacional de Datos Genéticos de forma permanente y abiertos a reclamos de cualquier interesado en conocer su filiación. Las pruebas se limitarían a las necesarias para determinar si existe relación entre los jóvenes Marcela Herrera Noble y Felipe Noble Herrera y quienes reclaman judicialmente la presunción de parentesco, las familias que integraron los detenidosdesaparecidos Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda (en el caso de Marcela) y Ernesto García y María del Carmen Gualdero (para el caso de Felipe).

La causa fue iniciada por la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y es parte de una agria disputa que toca la intimidad de la familia Noble y la de los reclamantes, parientes de detenidos desaparecidos en la década de los años 70. Pero también ha conmovido a la vida pública por la forma en que esa familia, propietaria del monopolio «Clarín», ha tramitado la causa.

El ejemplo más evidente fue la destitución del juez de San Isidro Juan Marquevich por el Consejo de la Magistratura luego de que ordenase la detención por unas horas de Ernestina de Noble, acusándola del presunto delito de falsedad de documento público en dos oportunidades, falsedad ideológica en dos oportunidades, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un expediente-civil en una causa caratuladacomo «supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios». El juez ordenó en esa oportunidad, además, que se realizasen análisis de ADN compulsivos a los hijos de la directora de «Clarín».

  • Escarmiento

    Nada de esto prosperó, el monopolio alineó toda la lista de sus adhesiones en la prensa y el mundo político y dio el escarmiento sobre la persona de Marquevich, que perdió el cargo de juez.

    Es cierto que quizás ese magistrado debió cuidar el tenor de la medida tratándose la señora de Noble de la titular de un medio periodístico, pero el final del juez Marquevich también fue una exageración por el mensaje que le dio el poder a la sociedad en el sentido de que existen ciudadanos intocables. Aun cuando se los investigue con relación a hechos condenados por aberrantes como fueron las detenciones y desapariciones durante la represión clandestina de las guerrillas.

    La causa por la identidad de los hijos adoptivos de la señora de Noble se inició el 30 de abril de 2001 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, que impugnan el relato sobre las circunstancias de esas adopciones en el año 1976. Antes, desde 1983, esa asociación dijo haber recibido denuncias anónimas, que presumían que esos hijos adoptivos podrían ser descendientes de detenidos desaparecidos y aun nacidos durante el cautiverio de sus padres. En 1995, el propio juez Marquevich rechazó una denuncia similar que había hecho el abogado Emilio Jaján.

    Según la jefa del equipo jurídicode las Abuelas, existen incongruencias en el relato de cómo se produjeron esas adopciones. Según testimonios recogidos por uno de los biógrafos de la señora de Noble, el periodista Pablo Llonto, en el expediente de adopción se dice que el 13 de mayo de 1976 Ernestina de Noble habría solicitado a un juzgado de menores de San Isidro la guarda provisoria de una niña que había encontrado en una caja de cartón en la puerta de su casa en esa misma ciudad bonaerense. Presentó como testigos a una vecina y a su jardinero.

    Según ese relato de Llonto, en el mes de julio del mismo año, y en el mismo juzgado, la señora de Noble se enteró -estando allí para hacer un trámite sobre la anterior adopción de Marcela- que había sido entregado otro bebé para el mismo destino. En el acto, pidió también la guarda provisoria para quien recibiría el nombre de Felipe.

    La demanda de las Abuelas reclama que se hagan las pruebas para saber si los dos jóvenes son descendientes de las familias mencionadas, pero que además los datos de ADN queden de manera permanente en el Banco Nacional de Datos Genéticos para que, si no se determinase que son nietos de estas familias, otros familiares de detenidosdesaparecidos puedan reclamar esa relación.

    Los jóvenes, que ayer recibieron el respaldo de la Corte, han argumentado que viola su intimidad el hecho de que su identidad quedase abierta a comprobaciones en denuncias futuras. Este extremo es comprensible y en su reclamo los jóvenes Marcela y Felipe argumentan que su intención es evitar el descifrado completo de su identidad biológica.

    El fallo de la Corte avaló la opinión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue por unanimidad y envió el expediente para nueva sentencia a la instancia inferior.
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