Verdadera conmoción judicial provocó el fallo de la Cámara de San Martín, que repuso la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la causa Campo de Mayo. Los argumentos de los camaristas serán ahora usados por los defensores de militares para frenar los procesos de las denominadas megacausas que tienen como imputados a unos 2.000 uniformados. Eso nacionalizará el fallo del tribunal bonaerense en sus efectos en el pedido a los tribunales de Rosario, Resistencia, Córdoba y Tucumán, para que también declaren inconstitucional la anulación retroactiva de las leyes del perdón que aprobó el Congreso en 2003. La embestida judicial obligará a la Cámara de Casación a un pronunciamiento para definir la validez o ilegalidad de la nulidad. El máximo tribunal penal estaría dispuesto a sostener el criterio de que los legisladores no pueden anular leyes porque se vulnera la seguridad jurídica.
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Los abogados que defienden a militares en Rosario, Resistencia, Córdoba y Tucumán presentan más los mismos fundamentos del tribunal bonaerense para incorporarlos en sus escritos en los que se pide la inconstitucionalidad de la ley sancionada por el Congreso que anuló las leyes del perdón.
La resolución de los camaristas Antes de obtener un pronunciamiento de cada juzgado y de cada cámara, los defensores de los militares pretenden que sea la Cámara Nacional de Casación la que unifique el criterio con que se fallará para todos los casos.
Precisamente, Casación Penal deberá dirimir el contrapunto generado a partir del fallo de la Cámara de San Martín y la decisión de la Cámara Federal porteña, que en julio convalidó la anulación de esas leyes en la causa I Cuerpo de Ejército.
El tribunal bonaerense declaró por unanimidad la vigencia de las leyes exculpatorias, al admitir un planteo de la defensa de 28 imputados en la vieja causa
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