Confirmado: la jueza Servini reorganiza el PJ y convocará a elecciones internas

Néstor Kirchner, apurado por la necesidad de votos para asegurar un nuevo mandato a su gobierno, agota el tiempo de pelea con el peronismo, al que desairó en un intento de acumular para sí toda la fuerza que le negó su origen electoral. Admitió ayer en diálogo con el gobernador Juan Carlos Romero que habrá elecciones internas en el Partido Justicialista, un dato clave porque se sabe que el interventor en el sello oficialista responde a dictámenes de la Casa de Gobierno. Como lo adelantó este diario ayer, la jueza María Servini de Cubría, gerenciadoradel congelamiento del justicialismo, también movió piezas: llamó para el lunes próximo a los dirigentes del PJ que le han reclamado la normalización, entre quienes están Romero y los ex presidentes Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Ramón Puerta, para una audiencia de la cual saldrá la orden de que se hagan elecciones internas. Teme la jueza que la alcancen reproches jurídicos por mantener "proscripto" -según esos dirigentesal PJ y vuelvan las amenazas de juicio político que ya conoció en los años 90.

María Servini de Cubría

En una semana, el interventor judicial en el Partido Justicialista, Ramón Ruiz, tendrá listo el cronograma electoral convocando a internas en el partido cuyos dirigentes gobiernan la Argentina. La elección está prevista para junio, pero sería sólo para candidatos a presidente. Es decir, esos comicios no decidirán aún cargos partidarios (ver nota aparte). La incertidumbre quedará despejada el lunes en una audiencia a la que serán llamados los caudillos importantes del partido (Carlos Menem, Alberto Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Eduardo Camaño y Ramón Puerta, entre otros dirigentes nacionales).

La decisión la tomó María Servini de Cubría. La jueza federal con competencia en lo electoral regresó el viernes a Buenos Aires luego de permanecer una semana en España, adonde acudió en calidad de veedora del referéndum que se hizo el domingo pasado para ratificar una reforma al Estatuto de Andalucía.

Antes de partir, la jueza le hizo conocer a quienes suelen hablar con ella que estaba obligada a descongelar el peronismo y avanzar en la normalización.

Servini confesó a sus contertulios en la dirigencia peronista que las presentaciones realizadas en los tribunales de la OEA producían un daño institucional al país y también a su investidura. Resultaba una incomodidad para la magistrada acudir a territorio europeo para controlar comicios cuando en el propio terreno está siendo señalada por contribuir a la proscripción electoral de uno de los principales partidos políticos de la Argentina.

Temor

La magistrada, además, está preocupada porque el radical Gerardo Morales le pidió el juicio político. Servini teme quedar en el centro de los reproches políticos como ocurrió en los 90 durante el gobierno de Carlos Menem. En definitiva, Servini se espanta con la idea de que el «conflicto PJ» termine deteriorando su imagen y lesione su autoridad como jueza electoral. Por esos motivos, intimó al interventor Ruiz para que en los primeros días de marzo le presente un posible cronograma electoral.

El dilema que enfrenta ahoraes cómo evitar una colisión entre las pretensiones gubernamentales y lo que establece la Ley de Partidos Políticos. En rigor, resulta una complicación un llamado a elecciones internas cuando Néstor Kirchner todavía no tiene definido su candidato a presidente.

¿Kirchner tiene que intervenir en la elección o dejará que el PJ elija su candidato y él presentará por otro partido, quizás en la fórmula del Frente por la Victoria?

En la «mesa chica» donde se definía el futuro del justicialismo, se analizaba como una alternativa factible para sacar al peronismo de la proscripción ir a internas pero sólo para candidatos a presidente. Sería una salida decorosa y una fórmula mágica que permitiría cumplir con la ley sin poner en juego la conducción partidaria. Martín Corral, el apoderado del PJ del orden nacional bajo la intervención Ruiz, le envió a Servini un escrito donde expresa que es «imposible» llamar a elecciones partidarias «sin correr el riesgo de una fractura interna que afecte de manera irreversible el acercamiento entre los sectores enfrentados» dentro del peronismo.

El apoderado se pronunció en ese sentido ante un requerimiento concreto de explicación de los diputados Hugo Franco y Carlos Dellepiane.

Los legisladores sostenían que para el éxito del proceso de normalización se debía cumplimentar una serie de resoluciones que incluían la extensión de la intervención de la jueza electoral al Congreso nacional del PJ, cuyos integrantes tendrían vencidos su mandatos. Como segundo paso decretar la caducidad de los padrones partidarios y, por último, disponer la reafiliación general en los términos, condiciones y plazos que estableciera Servini.

Réplica

Como réplica, Martín Corral puntualizó:

Que la intervención «no se ha propuesto un plazo determinado» o un margen de tiempo para llevar a cabo las medidas tendientes a la normalización.

Que las gestiones realizadas para poner fin al proceso intervencionista han tenido como meta el consenso «de modo de evitar fracturas internasque pudiesen afectar los intereses partidarios».

En ese sentido, sostiene que en el seno partidario se han producido «hechos de profunda gravedad institucional» como el ocurrido el pasado 17 de octubre durante el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón a San Vicente cuando se enfrentaron facciones sindicales.

Esos hechos -según el apoderado-pusieron en crisis los avances que había logrado la intervención. Por lo tanto, no se encuentra en este momento un consenso interno que es «requisito fundamental para poner en marcha el proceso electoral que normalice definitivamente el partido».

Ese es el panorama que tiene al PJ puesto otra vez en la carrera electoral. Una decisión forzada por las denuncias que existen en un tribunal internacional por violación de los derechos humanos.

Precisamente, el viernes el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Canton, le comunicó «al Adolfo» que tiene en consideración la denuncia y la ampliación que el puntano presentó ante ese organismo cuestionando el estado de acefalía del Partido Justicialista y la proscripción de los afiliados para elegir y postularse como candidatos en representación del justicialismo.