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Sólo permanece allí como comisario político del peronismo de Lomas de Zamora, José María Díaz Bancalari. Pero el perfil de este último ha bajado a niveles casi imperceptibles para la opinión pública, lo cual confirma que el kirchneriano Sergio Acevedo, con aliento cada día más endeble de los duhaldistas, y la arista Elisa Carrió -verdadero rostro que esconde la capucha de verdugo en este enjuiciamiento-, se adueñó de la guillotina.
En definitiva, Duhalde promovió la capitis diminutio de la Corte, movido por las encuestas. Con el transcurso del tiempo, comenzó a darse cuenta de que no se trata de una pelea fácil. Y no sólo porque figure en los pronósticos la eventual fractura del bloque peronista de Diputados hasta en tres partes: 1) duhaldistas, 2) menemistas y ex Frente Federal y 3) no alineados en pelea Menem vs. Duhalde, por ejemplo, los cordobeses Eduardo Di Cola y Guillermo Johnson (ex cavallista y juez retirado).
También deja al desnudo las propias contradicciones presidenciales. El Poder Ejecutivo le dio atribuciones a la Corte en la Ley de Emergencia Pública para intervenir directamente en medidas cautelares contra el Estado. Pero, ¿a quién se le ocurriría cederle facultades especiales a un cuerpo del cual se desconfía y hasta se lo hostiga?
Esta semana promete recalentarse la polémica en el Congreso, donde Humberto Roggero se debatía anoche entre la conveniencia o no de ventilar las discrepancias de entrecasa en el plenario del bloque. La crisis, aún restringida a los protagonistas de Juicio Político, podría extenderse y producir una ruptura en el oficialismo.
Pasado mañana, habrá por lo menos un dictamen en minoría de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento favorable al reclamo de los abogados de la Corte. Los riojanos Alejandra Oviedo y Adrián Menem, y la salteña Lelia Chaya, por caso, coinciden en que los diputados con título de abogado que litiguen ante el máximo tribunal deben excusarse del juicio político.
La Comisión de Peticiones, que encabeza Oviedo, es la dependencia encargada de inter-pretar el artículo 90 del reglamento de la Cámara Baja que reivindicaron los patrocinadores de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López para pedir recusaciones al por mayor.
Con este despacho y el opuesto, que redactarán quienes ya rechazaron el recurso en Juicio Político (la barrionuevista Graciela Camaño y Acevedo), no quedará otra alternativa que trasladar el debate al recinto de Diputados. El plenario de legisladores, en un final abierto, deberá pronunciarse a favor o en contra de la recusación de varios miembros de Juicio Político, entre ellos, la mismísima Carrió, la frentista María Amé-rica González y el peronista tucumano Ricardo Falú.
Ya hubo aprestos de Acevedo y compañía, con acompa-ñamiento tímido de Díaz Bancalari, para desactivar el dicta-men de la minoría y encontrar una moneda de cambio que cotizara bien en la trinchera menemista.
Se les ofreció eliminar de las causas de enjuiciamiento a la Corte el caso Armas. De esta forma, quedará excluida la posibilidad de mezclar la libertad de Carlos Menem en el affaire por contrabando de armamento con la decapitación masiva de ministros. A cambio, los seguidores del ex presidente archivarían su posición propicia a la recusación de diputados. «Podríamos avanzar sólo con la declaración de inconstitucionalidad del 'corralito'», habría ofertado Camaño durante la cumbre de Roggero con los miembros PJ de la comisión de Juicio Político. Por supuesto, hubo una negativa rotunda al trueque.
Se atribuye a Díaz Bancalari haber corrido a Oviedo con una sesión de Juicio Político en el mismo recinto de la Cámara Baja, sin dictamen ni siquiera de la comisión que preside Acevedo. Este hubiera sido el escenario para dirimir las diferencias en el seno del bloque justicialista.
Sin embargo, está claro que, más allá de estas riñas puntuales, no se trata de una proyección del duelo Menem-Duhalde en el PJ del Congreso. De hecho, el miércoles a la noche, el jefe de la bancada recibió en su oficina a más de una decena de legisladores -no todos menemistas-que le repro-charon la falta de discusión de entrecasa sobre el futuro del enjuiciamiento. «Ni siquiera se consultó al bloque para saber si se avanzaba en la recolección de antecedentes contra la Corte», se quejaron a capella la cordobesa Martha Alarcia, el cordobés Oscar González, el pampeano Manuel Baladrón y la misma Oviedo chez Roggero.
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