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Si la Corte las declara constitucionales, no prosperará la intención del juez español Baltasar Garzón de extraditar y juzgar en España a 46 militares argentinos por terrorismo, genocidio y tortura.
En cambio, si el criterio del Tribunal es considerarla inconstitucional el pedido de Garzón se convierte en la punta del iceberg para que jueces de otros países realicen idéntico planteo. Significa, también, la agudización de la política de confrontación con las Fuerzas Armadas que el gobierno adoptó desde el momento mismo de asumir el poder.
Kirchner está dispuesto a anular el decreto que impide las extradiciones antes de abordar el avión que lo llevará a la cumbre tercerista de Londres en su debut internacional como presidente argentino.
Los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica y de Cancillería prácticamente tenían anoche redactado el contenido del proyecto con el que se piensa derogar el Decreto 1.581 firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa. Con esa norma el gobierno aliancista rechazó en forma automática todos los pedidos de extradiciones vinculados con delitos que hayan sido juzgados por tribunales del país. Inclusive el girado por Garzón el diciembre de 2000.
El proyecto kircheriano, contempla la introducción de una cláusula para que los jueces no estén sujetos a detener a los acusados apenas reciban un pedido de este tipo.
Aun en la anulación del decreto -y como lo adelantó
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