Sorpresivo y audaz fallo ayer de la Cámara Federal de San Martín en una causa conocida como «De Campo de Mayo» (de ahí la jurisdicción) que involucraba a 26 militares. Declaró inconstitucional la legislación que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que iban a llevar a la Justicia a no menos de 2.000 militares, en su mayoría retirados pero algunos también en actividad. Los restantes a los 26 serían beneficiados por extensión del fallo. Pero, además, cuestionó al Congreso por arrogarse la facultad -expresa- para anular leyes, una función que, por principio republicano, pertenece al Poder Judicial. Los camaristas consideraronque los legisladores al disponer la nulidad de una ley que ya cinco años antes había sido derogada, usurparon las funciones de los jueces. Atacaron también al Congreso por ignorar que las leyes del perdón fueron legitimadas con la aprobación del Parlamento y el acuerdo del resto de los poderes del Estado. Se trata de un fallo sin precedentes, que también abre las puertas para que cientos de militares, que fueron detenidos y procesados tras la sanción de esta ley, vuelvan a recuperar su libertad, inclusive personajes tan mencionados como los militares retirados Alfredo Astiz y Jorge Rafael Videla. No obstante, irremediablemente la sentencia irá al Tribunal de Casación y si ese tribunal se pronuncia en el mismo sentido que la Cámara de San Martín, entonces, obligará a toda la Justicia Federal del país a declarar ilegal la anulación de las leyes del perdón dispuesta por el Congreso. Anular esas leyes fue funcional al actual gobierno en su propósito de redención del setentismo a riesgo de reabrir heridas. También le era útil al gobierno acercar medidas a la izquierda criolla mientras hacía pagos al Fondo Monetario y disponía medidas de racionalidad económica que sólo aquí se consideran «no de izquierda sino del neoliberalismo».
Un fallo decisivo de la Cámara de San Martín rechazó ayer la constitucionalidad de la nulidad que dictó el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cámara de Casación debe ahora confirmar o rechazar ese criterio.
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La sentencia podría llegar a Casación y si el máximo tribunal penal del país comparte los argumentos, ese criterio será obligatorio para toda la Justicia Federal. De este modo,
El Tribunal respondió así a un planteo realizado por el abogado
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