Defensa de Genoud denuncia que juez actuó presionado

El abogado Miguel Angel Almeyra, defensor del ex senador radical José Genoud, anunció que el miércoles apelará la decisión judicial de procesar a su cliente en la causa en la que se investiga si se pagaron sobornos a legisladores para aprobar, en 2000, la reforma laboral.

Almeyra volvió a criticar al juez federal Rodolfo Canicoba Corral -quien, a su criterio, actuó «presionado» por la opinión pública para procesar a Genoud-, al ex senador peronista Emilio Cantarero, al ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y al ex secretario parlamentario autoincriminado Mario Pontaquarto.

En declaraciones a radio «América», el abogado observó una «situación de vulnerabilidad» en el auto de procesamiento dictado el viernes por Canicoba Corral, y por eso decidió apelar «el miércoles» ante la Cámara.

«No nos causó sorpresa; era una crónica de un procesamiento anunciado. Por ese motivo, recusamos en su momento al magistrado», recordó el letrado.

Almeyra, que también defiende al ex presidente Fernando de la Rúa, consideró que «no son suficientes los argumentos» judiciales para procesar a Genoud y, al igual que el resto de los imputados, trabarle un embargo de 10 millones de pesos.

•Sin precisiones

El abogado consideró que Pontaquarto, quien a partir de su testimonio reactivó la causa iniciada en 2000, no tiene «precisión» cuando hace referencia a la reunión realizada en la Casa de Gobierno, en la que se habría decidido el pago de sobornos. En su declaración, Pontaquarto afirmó que De la Rúa fue quien ordenó a los senadores «hablar con De Santibañes» para acordar la suma de dinero que permitiría aprobar la ley laboral.

«Si debemos creer lo que dice Pontaquarto, también debería estar procesado Fernando de la Rúa, lo que demuestra la inconsecuencia del magistrado, que es una de las expresiones más claras del incorrecto razonar. Desde mi punto de vista, la decisión del magistrado es vulnerable», afirmó el abogado.

Almeyra, por último, aseguró que Canicoba Corral « actuó presionado por la opinión pública» para decidir los procesamientos.