La empresa que construyó Yacyretá produjo ayer un hecho que crea precedentes para la multitud de arbitrajes en los que el Estado nacional se enfrenta con firmas privadas: acató una medida de amparo de un juez argentino que frena un reclamo que se discute en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de París. Es la primera vez que una firma reconoce el imperio de la ley argentina y de las decisiones de sus jueces por encima de los tribunales tipo CIADI (éste dependiente del Banco Mundial) en los que el país está sometido a más de 60 reclamos por más de u$s 30 mil millones. En el caso de Yacyretá, la demanda de la firma Eriday supera los u$s 720 millones por mayores costos, algo que los países propietarios (la Argentina y Paraguay) rechazan. Como la posición de éstos no les parecía respetada por la Corte Arbitral de París, los gobiernos lograron frenar el arbitraje con una medida de amparo de un juez federal de la Capital. La empresa acató la medida porque la intimaron so pena de pagar u$s 7 millones, más u$s 1 millón por día en caso de que no hubiera reconocido que un tribunal argentino tiene más poder que una corte arbitral.
La empresa constructora de la represa de Yacyretá notificó ayer a los gobiernos de la Argentina y del Paraguay que acatará el amparo dictado por un juzgado de la Capital Federal que paraliza el litigio que mantiene con el Ente Binacional en una Corte arbitral. Ese consentimiento es el primer reconocimiento de la jurisdicción de la Justicia argentina que hace una empresa extranjera sometida a un arbitraje.
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La decisión fue notificada al país por la empresa Eriday (asociación de la italiana Impregillo, socia de Techint, y la francesa Dumez) e implica un antecedente que puede marcar la suerte de más de 60 arbitrajes en los cuales se enfrenta el Estado nacional con empresas privadas en el tribunal especial del Banco Mundial (CIADI) en litigios por un monto calculado en unos u$s 30 mil millones.
Ayer el apoderado de la Eriday, el abogado francés Yves Derain, hizo conocer ese acatamiento en el juicio arbitral que se debate en la Corte Internacional de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de París por un reclamo de la parte privada que llega a los u$s 792.800.000 (más costas e intereses), en respuesta a una intimación del juez federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli. Este magistrado había fallado la semana pasada que si la Eriday no acataba el amparo que frena el arbitraje parisino en el término de 3 días, debería pagar como multa u$s 7 millones, más una gabela de u$s 1 millón por día mientras se mantuviera en rebeldía.
El dictamen lo resolvió el juez Marinelli al enterarse el magistrado que la empresa había ignorado el amparo dictado el año pasado por otro magistrado del mismo fuero a pedido de la Argentina y Paraguay, que se declararon afectados porque el tribunal arbitral ignoró sus posiciones en el litigio. Derain notificó ayer a sus contrapartes, el director ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas y el apoderado Héctor Masnatta, que la empresa se abstendrá de participar en el proceso arbitral y que deja sin efecto la medida de reemplazar al árbitro que defendía sus intereses, el ex embajador Emilio Cárdenas.
En el litigio de Eriday por el pago de la obra de Yacyretá, los Estados argentino y paraguayo sostienen que la deuda reclamada bajo el argumento de que hubo mayores costos y pagos mal calculados no existe. Más aún, sostienen que la obra ha sido pagada con holgura, lo cual le ha retribuido a la empresa una rentabilidad superior a 12%. En la respuesta de la demanda el Ente Binacional Yacyretá incluso dice que la Eriday debe devolver pagos recibidos de más.
La empresa Eriday y la Cámara de París desconocieron el amparo pedido por la EBY el año pasado porque sus posiciones no habían sido tenidas en cuenta en el proceso. A pesar de esa medida judicial, avanzaron en el arbitraje pese a que el árbitro Julio Barberis ( designado por el EBY) sí acató la medida y renunció. Cárdenas hizo lo mismo pero la Cámara de París lo reemplazó por el brasileño Carlos Enrique de Carvalho Froes.
Con el acatamiento conocido ayer, el arbitraje en Yacyretá, uno de los juicios más caros de los muchos que discute el país con empresas privadas entra en una nueva instancia, impensada hasta ahora: que la parte demandante reconozca que por sobre los tribunales arbitrales tienen jurisdicción los tribunales argentinos.