El polémico Caso Greco, que pareció adormecerse en la Justicia en los últimos meses, tuvo ayer un giro que puede complicar al Ministerio de Economía. La oposición radical del Senado, que se negó a convalidar la votación del proyecto de ampliación de emisión de bonos, destinada en parte a cancelar una deuda del Estado con el ex grupo Greco, consiguió que la jueza federal María José Sarmiento le ordenara a Felisa Miceli que en un plazo de 10 días informe a los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz por qué el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que contemplaba la cancelación de seis órdenes de pago a favor de los Greco, cuáles fueron las alternativas del juicio seguido por ese grupo al Estado y cómo se calculó la deuda entre otros 20 puntos.
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El oficialismo niega que se hubiera intentado pagar a los Greco, aunque la investigación que se lleva adelante en tres juzgados involucra tanto a la administración de Miceli como a la de Roberto Lavagna, durante la cual la asesoría legal de Economía terminó reconociéndoles la deuda a las familias Greco-Bassil.
Inmediatamente después de conocido el pronunciamiento, el martes pasado, el Ministerio de Economía decidió apelarlo. Pero no fue el único movimiento de la ministra: ayer presentó ante la Justicia un informe de la Procuración del Tesoro que cuestiona duramente a los abogados que defendieron al Estado en la causa Greco durante la etapa de Lavagna en el ministerio y pidió apurar su citación a declaración indagatoria.
El fallo de Sarmiento hizo lugar a un pedido de informes que los dos senadores le habían presentado a Miceli utilizando un procedimiento para agilizar el Acceso a la Información Pública, que sancionó el propio Néstor Kirchner en el Decreto 1172/03 emitido poco después de asumir la presidencia. Al no obtener respuesta a ese pedido de informes, los senadores continuaron con el procedimiento que establece ese decreto-ante la negativa de cualquierfuncionario a responder, y obtuvieron el fallo de la Justicia que obliga a Miceli a responder las veinte preguntas que en su momento le remitieron a su despacho.
En realidad, la ministra había respondido en dos ocasiones a los senadores, pero la Justicia no consideró que fuera suficiente la información aportada. En la primera nota que remitió a los senadores. Miceli, a través de la abogada Valeria Pommodoro, le informó al Senado que el gobierno en ningún momento pensó pagar a los Greco, contradiciendo la información que el propio director de Deuda Pública, Jorge Amado, le había enviado a un senador kirchnerista, Jorge Capitanich, cuando éste pidió precisiones sobre el destino de los nuevos bonos que se estaban autorizando en noviembre del año pasado.
La segunda respuesta de Miceli fue a la propia jueza Sarmiento, cuando los radicales presentaron una acción de amparo. Allí recordó que Alberto Fernández, en su presentación como jefe de Gabinete a los Diputados, había cumplido en informar las alternativas del Caso Greco. Lo cierto es que Fernández en esa exposición sólo repitió la primera explicación de la ministra negando toda relación con el caso y acusando a Yolanda Eggink, Osvaldo Siseles, Eduardo Pérez -todos ex responsables del área legal del ministerio-y al propio Lavagna por la falta de defensa de los intereses del Estado que terminó haciendo lugar a la homologación de una deuda a favor de los Greco-Bassil por $ 332 millones. Ese monto luego se transformó en $ 578 millones cuando se dispuso el pago a través de bonos.
Trasfondo
El pronunciamiento de la jueza, de todas formas, tiene un trasfondo mucho más amplio. Es el primer antecedente de la aplicación judicial del decreto de Kirchner sobre Acceso a la Información y un antecedente que podrá utilizar cualquier particular para exigir respuestas del Poder Ejecutivo.
No fue ése el único movimiento que hubo ayer en torno al Caso Greco. El Ministerio de Economía presentó ante el juez Sergio Torres, que investiga la denuncia que la propia Miceli hizo sobre el caso Greco por la actuación de los abogados de su cartera durante la administración-Lavagna, un informe de auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación donde se cuestiona tanto la actuación de los propios abogados de Economía como la de la Justicia en la marcha de la actual investigación. La presentación del informe, que fue realizada por la subsecretaria Legal del Ministerio, Alejandra Tadei, sostiene que el rol de la entonces representación letrada del ministerio «ha sido paupérrimo».
Ese cuestionamiento a la causa Greco ya había sido hecho en la denuncia que presentó Miceli para que se investigue a su propio ministerio, pero ahora la Procuración a cargo de Osvaldo Guglielmino abunda en más críticas a la actuación de los entonces defensores del Estado: «Lleva a concluir que no se está ante la presencia de un verdadero juicio en el sentido de haberse contado con un proceso judicial regular, ya que existen vicios sustanciales radicales intolerablemente injustos, violatorios de normas de derecho público, cuya injusticia resulta socialmente inaceptable».
La presentación de Economía le exige también al juez que acelere la investigación cuando pide que «se tenga presente lo informado al tiempo de avanzar prontamente con las declaraciones indagatorias de quienes entonces se desempeñaban como secretario legal, Eduardo Pérez; subsecretario legal, Osvaldo Siseles; directores Yolanda Eggink y Daniel García, y la abogada estatal Beatriz Pernas».
