Juez dice que Nación debe decidir si frenan insumos

La Justicia Federal de Concepción del Uruguay rechazó ayer el pedido para que se prohíba el paso a Uruguay de camiones que cargan insumos para las plantas de procesamiento de celulosa que se están construyendo en la ciudad de Fray Bentos.

El juez federal Guillermo Quadrini desistió de intervenir en la presentación efectuada por la provincia de Entre Ríos, al considerar que se trata de una competencia del área de política aduanera. De todos modos, todavía debe expedirse en el planteo de fondo realizado por el gobernador entrerriano, Jorge Busti, quien denunció a directivos de las empresas Botnia y ENCE por la presunta comisión del delito de «contaminación en grado de tentativa».

El revés judicial implica un nuevo traspié en las negociaciones que en las últimas horas reanudaron sigilosamente los ambientalistas tendientes a flexibilizar los bloqueos en los puentes fronterizos de Gualeguaychú y de Colón. «Olvídense, los cortes no se levantan», enfatizó en diálogo con este diario el ambientalista Gustavo Rivolier.

La decisión judicial generó malestar en el gobierno provincial, que ya instruyó a su abogado patrocinador Juan Carlos Vega para que apele el fallo de Quadrini ante la Cámara Federal.

«El temor de los ciudadanos de Gualeguaychú es que mientras haya una tregua por la ruta pasen los camiones que llevan insumos para construir esas plantas», explicó el mandatario. Ahora, la única posibilidad es que prospere en forma independiente la presentación efectuada por los vecinos ante la Presidencia de la Nación y la Dirección General de Aduanas. En el planteo, sostuvieron que el propio Código Aduanero de la Argentina habilita prohibir el paso de cargas para la construcción de las pasteras, por todo el territorio nacional, en función de la misión que tiene la Aduana de proteger el medio ambiente y la salud de los habitantes.

Néstor Kirchner había pedido la semana pasada a su par uruguayo Tabaré Vázquez un plazo de 90 días para que un grupo de expertosindependientes evalúe el riesgo de contaminación de estas industrias apostadas sobre el Río Uruguay.

De acuerdo con la propuesta del presidente argentino, durante este lapso las papeleras debieran detener las obras de construcción de las plantas papeleras de ENCE y Botnia. El presidente uruguayo respondió que su país sólo se sentaría a dialogar si se levantan los cortes en las rutas de acceso a las ciudades de Fray Bentos y Paysandú.

Por este motivo, el gobernador Busti pidió el viernes a los asambleístas levantar los cortes de ruta, para facilitar el diálogo entre ambas naciones.

• Conceptos del fallo

El fallo que ayer endureció la postura de los ambientalistas sostiene, entre otros conceptos:

• De acuerdo con el Código Aduanero, sólo el Poder Ejecutivo nacional podría decidir «restricciones económicas», fundadas en razones sanitarias, de seguridad o de protección a la economía regional.

• «No se halla justificada la pertinencia ni utilidad de la medida reclamada y el impedimento de circulación peticionado se encuentra sancionado penalmente, por lo que una medida como la propuesta resultaría, incluso, reñida con la ley, lo que la torna directamente improcedente».

• «Hasta el presente, ni la Aduana ni el juez están legitimados para aplicar una prohibición a la importación o la exportación de mercaderías con destino a las fábricas en cuestión porque dicha prohibición no existe».

• «Las mercaderías están autorizadas para ingresar o egresar» porque «toda autorización para restringir derechos y garantías se encuentra perfectamente regulada en el Código Procesal Penal de la Nación».

• «En síntesis, y como acertadamente ha señalado la fiscal federal, las prohibiciones económicas y las no económicas previstas por la legislación aduanera sólo pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional».

Quadrini falló en sintonía con el dictamen emitido la semana pasada por la fiscal federal María de los Milagros Squivo.