En la edición del 8 de diciembre de 2006, este diario adelantó la intención del gobierno de
pagarle al Grupo Greco una presunta deuda por $ 332,3 millones que le reclamaba al
Estado desde el último gobierno militar.
El escándalo que generó el caso Greco en el gobiernode Néstor Kirchner tuvo un giro impensado hasta hace pocas semanas; el mismo juez, Francisco de Asís Soto, que había ordenado al Estado pagar una indemnización de $ 332,3 millones a los ex titulares y herederos de ese conglomerado mendocino intervenido en 1980, ordenó dar marcha atrás con su propia decisión tomada en 2005, por lo que hoy los Greco/Bassil no pueden reclamar pago alguno. Por el contrario, se abre ahora una instancia en la que el Estado podría investigar las deudas pendientes que ese grupo dejó con el Tesoro y el Banco Central.
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La decisión de Asís Soto se basó en las pruebas que presentaron en el expediente los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz (sobre posibles defraudaciones al Estado por parte de funcionarios públicos), que fueron quienes iniciaron la denuncia en el Senado.
El escándalo comenzó cuando Felisa Miceli envió a fin de 2006 al Congreso un pedido de autorización para emitir $ 1.300 millones en nuevos bonos destinados a cancelar deuda consolidada. Fue a poco de asumir en reemplazo de Roberto Lavagna, durante cuyo ministerio se preparó la documentación. Uno de los rubros que figuraban en esa emisión era el de Pago a Proveedores, donde los radicales sospecharon que se escondía un pago oculto. El proyecto fue aprobado en Diputados y se frenó en el Senado cuando este diario publicó la noticia de que el propio kirchnerismo reconoció que había allí incluida una compensación a los Greco por una deuda que había sido cuestionada judicialmente.
En ese momento, Miceli se vio forzada a ordenar una investigación dentro de su propio ministerio para dilucidar cómo había llegado al Congreso esa orden de pago, supuestamente escondida.
La ex ministra de Economía nunca pudo demostrar si había existido un error, pero su propia denuncia y la que luego alimentaron los radicales hoy se ventila, lentamente, en el juzgado de Sergio Torres. En esa causa son investigados también los funcionarios del área de Asuntos Jurídicos de Economía que durante la administración de Lavagna autorizaron la homologación de la deuda a favor de los Greco por $ 332,3 millones, sin tener en cuenta las pruebas que otros abogados del fisco habían presentado a favor del Estado. Al llegar al Congreso, la deuda en bonos había subido a casi u$s 200 millones. Esa homologación es la que ahora Asís Soto ordenó dejar sin efecto.
Empresas
El juez había aceptado la homologación el 11 de agosto de 2005 hasta la suma de $ 332.396.128,64 a favor de las familias Greco y Bassil, ex socios y herederos del grupo mendocino que en 1980 contaba con más de 35 empresas y que estuvo al borde de llevar a la quiebra a toda la economía de la provincia de Mendoza. Entre esas empresas estaba el Banco de los Andes, que fue intervenido y luego liquidado dejando una deuda con el Banco Central por redescuentos y garantía de depósitos que hoy es difícil de calcular porque misteriosamente han desaparecido muchos de los registros.
Por esa holomogación tres ex funcionarios de Economía y una abogada ya fueron citados a declaración indagatoria en el juzgado de Torres por haber comprometido «abusivamente» al Estado a aceptar la millonaria deuda con el Grupo Greco. Así pasaron por el tribunal el ex subsecretario legal del Ministerio de Economía Osvaldo Siseles, la ex directora general de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados del Ministerio Daniel Alberto García y la abogada del Estado Beatriz Pernas, quien fue la reemplazante de María Eugenia Martínez, la última abogada del ministerio que exigió en el Juzgado Comercial de Asís Soto la apertura de 36 cuadernos prueba. Por ese trámite, la Justicia debía decidir cuánto le debían los Greco al Estado por pagos que se habían hecho durante la intervención a favor de sus empresas y a proveedores a fin de calmar el impacto que esa quiebra tenía sobre la economía mendocina.
Martínez renunció luego a su cargo y en pocos meses la causa pasó de reclamarles fondos a los Greco a homologarles judicialmente su reclamo.
Desde entonces comenzó el intento de los Greco por ejecutar esa sentencia de Asís Soto que terminó con el pago « escondido» enviado por Miceli al Congreso.
Investigación
Tras el escándalo en el Senado, en enero de 2007 se inició la investigación penal en el Juzgado Federal de Torres con la denuncia de la subsecretaria legal del Ministerio de Economía y Producción, Alejandra Tadei, luego de que la propia Miceli pidió la nulidad de todo lo actuado con el grupo Greco. A la ex ministra no le quedó otra opción después que uno de sus propios funcionarios, el director de Deuda Pública Consolidada Jorge Amado, le reconociera en un mail al chaqueño entonces senador Jorge Capitanich (hoy gobernador de la provincia) que el pago a los Greco está dentro del destino asignado a los nuevos bonos que se pedía emitir.
La investigación siguió y tras un año y medio los radicales consiguieron por orden judicial que el Ministerio de Economía, por entonces bajo el mando de Miguel Peyrano, les entregara toda la documentación. Pero el intento de cobro de los Greco continuaba ya que aún tenían la sentencia comercial a su favor en el juzgado de Asís Soto.
Parte de esas pruebas presentadas por Morales y Sanz son las que convencieron al juez de dar marcha atrás con la homologación que había autorizado.
«Resuelvo dejar sin efecto el segundo párrafo del auto de fojas 1.329 que dice en consecuencia, homologase la liquidación conformada por las partes, con el alcance y modalidad indicada en los puntos 4, 5 y 6 del escrito de fojas 1310/13 hasta la suma de $ 332.396.128,64», dijo el juez en el fallo dictado el viernes pasado.
«Por lo demás, tampoco puede dejar de ponderarse la entidad de las sumas en juego que afectan al patrimonio del Estado, extremo que constituye una cuestión de orden público por estar vinculada al interés general en el que tiene primacía la búsqueda de la verdad material», explica Asís Soto en un giro curioso ya que esas condiciones ya existían en 2005, cuando autorizó la homologación. «En definitiva, no obstante el rechazo de la nulidad planteada sobre la base de una resolución administrativa que considero ilegítima, por las razones que ponderé precedentemente, debe aceptarse la revisión de la liquidación aprobada para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, sin afectar la cosa juzgada atento a la naturaleza provisional del auto que aprueba la liquidación.»
