En 20 días, el Estado nacional y el gobierno de Julio Cobos deberán disponer medidas para proteger la vida e integridad física de los internos alojados en las tres unidades carcelarias de Mendoza «de modo que no se produzca una muerte más». Durante 2004 y 2005 en esos penales se produjeron violentas y sangrientas revueltas que culminaron con el asesinato de 18 reclusos.
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La disposición provino de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ayer dio cumplimientoa una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya en noviembre de 2004 había intimado al Estado argentino para que hiciera cesar toda situación de agravamiento de las condiciones de detención los internos.
La Corte instruyó, además, a los tribunales mendocinos -incluida la Suprema Corte- para que hicieran cesar «toda situación de agravamiento de los internos que importe un trato cruel, inhumano o degradante». Y le indicó al Estado que informe «periódicamente» acerca de las decisiones que tome para mejorar la condición de los detenidos.
Esta es la segunda vez que el alto tribunal se pronuncia sobre el estado de las cárceles argentinas. Una exigencia similar recibió el año pasado Felipe Solá por la superpoblación carcelaria y el hacinamiento. La solución bonaerense para evitar nuevos reproches fue echar mano a una criticable ecuación: menos presos = menos llamados de atención. Entonces, se flexibilizaron los requisitos para la excarcelación.
En esta nueva intervención, la Corte le hizo saber al Poder Ejecutivo que el incumpliento de una orden dictada por el tribunal podía generar la responsabilidad internacional del Estado. Y en párrafo especial deja asentado que esta decisión (léase fallo) «no debe verse como una intromisión indebida del Poder Judicial, cuando lo único que hace es tender a tutelar los derechos o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados».
El conflicto en la penitenciaría provincial de Mendoza en la Unidad Gustavo André de Lavalle y el penal Boulogne Sur Mer arrastra dos años. Pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades estatales, durante 2005 y hasta la actualidad han venido ocurriendo violentos incidentes y han muerto cuatro internos en el primero de los centros penitenciarios en circunstancias aún no determinadas plenamente.
Evaluación
Sobre la situación, la Corte Interamericana evaluó que se han dado motines en los que se alega que la fuerza utilizada para sofocarlos «ha sido excesiva» y durante los cuales los internoshan resultado heridos o «han sufrido diversos tipos de vejaciones».
Para la comisión, «no se ha erradicado el riesgo de muerte violenta». Las investigaciones adelantadas «no han producido resultados concretos», y «subsisten» las deficientes condiciones de seguridad y control interno. Incluso cuestionó que no se haya dispuesto la separación de presos por categorías y que se prolonguen el ingreso y la posesión de armas sin ningún tipo de control.
A varias cuadras de distancia del Palacio de Tribunales, en el Ministerio de Justicia, Alberto Iribarne y el gobernador Cobos también evaluaban el tema de las cárceles. Estaban el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos, y la senadora nacional por Mendoza, Marita Perceval.
Iribarne repasó que el Estado ha venido cumpliendo con su cuota mensual de alojamiento de sus detenidos y que en los últimos meses transfirió más de 4 millones de pesos.
Según fuentes de esa cartera, el ministerio «envió a 13 oficiales superiores penitenciarios retirados para prestar funciones de asesoramiento y capacitación en materia penitenciaria y trasladó a los presos federales a unidades de su jurisdicción».
Además -según detallaron-, nombró a dos de los tres integrantes de comisión ad hoc para investigar las muertes y los hechos de violencia sucedidos en la penitenciaría y en la colonia Gustavo André.
El 6 de setiembre pasado, la Corte requirió informes al Estado nacional y a la provincia de Mendoza con el propósito de que indiquen qué medidas se habían llevado a cabo para superar la « situación de riesgo e inseguridad que padecen» los internos mendocinos.
Según consta en la causa, el 21 de noviembre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó el décimo informe presentadopor la Nación.
La sentencia fue firmada por el presidente Ricardo Luis Lorenzetti y los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.
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