La Corte, más cerca de fallo contra las leyes del perdón

Un día después de que Néstor Kirchner reclamara en la Feria del Libro la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el procurador general Esteban Righi ratificó la inconstitucionalidad y nulidad de las «leyes del perdón», y declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. La opinión de Righi es la antesala del fallo que la Corte Suprema de Justicia se apresta a emitir en esa misma dirección, con el voto unánime de los integrantes del Tribunal. El procurador dictaminó así al aconsejar a la Corte Suprema que deje firme un fallo de la Cámara Federal que dictó prisión preventiva al ex suboficial de la Policía Federal Julio Simón por el secuestro de José Poblete, su esposa y la hija de ambos, Claudia, cometido el 27 de noviembre de 1978. • Aplicación En este caso, Righi interpretó que «no se halla prescripta la acción penal para la persecución de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas». En su defensa, Simón solicitó la aplicación del beneficio otorgado por la Ley 23.521 (Obediencia Debida), postulando su validez constitucional e invocó la Ley 23.492 (Punto Final). El ex policía sostuvo que ambas normas revestían la condición de leyes de amnistía y que por el propósito que perseguían, la concordia social y política no eran susceptibles de ser declaradas inconstitucionales. En ese sentido, consideró que tenían carácter no justiciable y, por lo tanto, le estaba impedido al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones adoptadas por otros poderes del Estado. Además, adujo que se le aplicó retroactivamente una norma de naturaleza penal, la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, con la consecuencia de que eliminaba los beneficios de la prescripción de la acción y la pena. Al desestimar el planteo de Simón, el procurador Righi recurrió a dos dictámenes de su antecesor, Nicolás Becerra, que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de las «leyes del perdón», en tanto « impedían el juzgamiento y eventual castigo de las graves violaciones de los derechos humanos». Esa postura fue adoptada en las causas relacionadas con el ex marino Alfredo Astiz. Pero Righi también centró su análisis en considerar si las leyes en cuestión tenían validez dentro del sistema normativo y si al momento de su sanción se encontraban en vigencia normas de jerarquía superior que vedaran al Congreso la competencia para dictar la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. • Consecuencia Según el procurador, el Congreso no tenía competencia para dictar las «leyes del perdón», pues para la época de su sanción se hallaban vigentes leyes que vetaban al Parlamento la posibilidad de impedir la persecución penal de delitos de lesa humanidad. Al respecto, reseñó que cuando el Congreso votó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987), la Argentina había ratificado, en 1984, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido obligó al país a investigar y sancionar delitos de lesa humanidad. Y, esencialmente, le prohibía dictar cualquier legislación que tuviera por efecto «conceder impunidad a los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos». Como lógica consecuencia, ambas leyes son inconstitucionales, porque existían normas de jerarquía supralegal. Este punto es importante, porque resultará el argumento que tomarán los jueces supremos para declarar la validez de la anulación de las «leyes del perdón». Así lo expresa el procurador: «No se trata de negar la facultad constitucional del Congreso de dictar amnistías y leyes de extinción de la acción penal y de la pena, sino de reconocer que esa atribución no es absoluta y que su alcance halla límites materiales en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Righi aportó una teoría que pese a ser nueva en lo público, es parte del pensamiento de algunos jueces supremos: «Los delitos cometidos en el ejercicio de la suma del poder público no son susceptibles de ser amnistiados o perdonados, pues sería un contrasentido afirmar que no podrían amnistiarse la concesión y el ejercicio de ese poder, pero que sí podrían serlo los delitos por los que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos fueron puestos a merced de quienes detentaron la suma del poder público».

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