La Corte Suprema de Justicia decidió que el martes próximo le pondrá fecha al tratamiento de la constitucionalidad o no de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Si esas normas quedasen sin efecto retroactivo, se reabrirían los juicios a militares acusados de delitos cometidos en la represión del terrorismo en la década de los años '70. Ese gesto está en sintonía con el proyecto de Néstor Kirchner de derivar la cuestión a la Justicia. El Presidente y Eduardo Duhalde postergaron para hoy su reunión para discutir los efectos de una cuestión que encrespa a los militares y también divide al gabinete. Por ejemplo, hace pocas horas Rafael Bielsa y José Pampuro casi llegaron a las manos en el despacho de éste al discutir el asunto. El Presidente terminó de definir además ayer cuál es su estrategia para llevar adelante este riesgoso programa político que parece en camino de convertirse en el problema central de su gobierno y, además, promovido por él mismo: buscará que la salida la dé la Corte Suprema, invalidando los efectos de las leyes de punto final. Quiere evitar que el Congreso ponga a prueba su relación con el gobierno con tan espinoso tema y, además, contrariar a la opinión pública que rechaza injerencias de jueces extranjeros en cuestiones del país. Por eso no firmará extradiciones en masa, pero, si las pidiera un juez para algún ex militar ya juzgado y condenado, pero indultado por el gobierno argentino, accedería a mandar a juicio en otro país a alguno de los "emblemáticos de la represión".
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Será una respuesta al gobierno, en especial a
En principio, hubo posturas afines a nombrar un conjuez para completar la totalidad de nueve miembros del Tribunal y avanzar en la discusión del espinoso tema. Pero ese criterio perdió fuerza en las últimas horas, y todo indica que se aguardará el casi seguro ingreso de En el Congreso también existe una inquietante premura para impulsar la derogación de estas dos leyes, pero una medida de este tipo podría ser cuestionada por la vía judicial, lo que abriría un renovado e intrincado camino que, en definitiva, debería ser resuelto por la Corte.
Este detalle -no menor- le fue advertido ayer por la senadora
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