La Corte Suprema ahora inspecciona estado de aviones

Además de inspeccionar cárceles, exigir que acabe la contaminación del Riachuelo y de ordenar al Congreso la movilidad en los haberes jubilatorios, la Corte Suprema ahora decidió supervisar los hangares de las empresas aéreas. Intimó a la Fuerza Aérea a que en 20 días fije lugar y horarios para que los usuarios puedan conocer el estado de los aviones de las distintas aerolíneas. Obvio, el fallo va en sintonía con la política del gobierno que hace una semana decidió desmilitarizar el control del espacio aéreo luego de la difusión de un documental que denuncia graves riesgos.

Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema desempolvó ayer un viejo expediente e intimó a la Fuerza Aérea para que en 20 días informe a los usuarios sobre el estado en que se encuentran los aviones de las distintas empresas y dé a conocer la documentación en que basó sus conclusiones.

La sentencia va en paralelo con las medidas tomadas por el gobierno, que hace semanas desmilitarizó el control del espacio aéreo luego de la difusión del film «Fuerza Aérea Sociedad Anónima», de Enrique Piñeyro. También con la investigación que se abrió en la Justicia por presuntas irregularidades en la supervisión de los vuelos comerciales que, según se afirma, pondrían en riesgo la vida y seguridad de los pasajeros y tripulantes.

El caso pasó por las manos del procurador fiscal ante la Corte Luis González Warcalde, en abril de 2004, pero el Tribunal con su fallo de ayer lo reactualizó. Aquella vez, el procurador opinó que no advertía que la omisión de informar por parte de la autoridad pública sea manifiestamente «ilegítima o arbitraria», como denunció el impulsor de esta causa, el polémico Ricardo Monner Sans.

En un recurso de amparo, el mediático abogado reclamó a la Justicia que se dictara una orden judicial dirigida a la Dirección de Aeronavegación de la Fuerza Aérea Argentina o al organismo que en el futuro la sustituya en la actividad de controlar y supervisar las aeronaves comerciales que se encuentran bajo su jurisdicción.

Difusión mensual

Además reclamó que esa dirección «publique mensualmente en dos diarios de circulación en toda la República Argentina un informe explícito y fundado respecto de la calificación mensual de las empresas aerotransportistas respecto de la seguridad que ofrecen sus aeronaves».

En esa presentación sostuvo que tenía legitimación para hacer la petición porque «ha utilizado y utilizará en el futuro el servicio de aerotransporte comercial» e invocó, como base legal de su pretensión, «el derecho a la información, a la seguridad y a la vida».

En primera y segunda instancia, la demanda fue aceptada, pero el caso llegó al análisis de la Corte Suprema luego de que la Fuerza Aérea apelase el último fallo, dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El máximo tribunal no emitió opinión, sino que confirmó el fallo de la Cámara en el que se dispuso que la Fuerza Aérea, «en el plazo de 20 días, establezca el lugar y los horarios en los cuales los usuarios y las asociaciones que los nuclean van a poder consultar las conclusiones de dicho organismo acerca del control del estado de los aviones».

Esta decisión de la Corte responde a su intención de reforzar el rol de la Justicia en el remedio de aquellos problemas que no encuentran solución en el Ejecutivo, en el Congreso ni en la sociedad civil. Antes ordenó al gobernador Felipe Solá mejoras en las cárceles, después intervino en la regulación de los haberes jubilatorios; también reclamó al gobierno que remediase la contaminación en el área del Riachuelo. Ahora, siguiendo otro tema de actualidad periodística, ordena que se le diga al público cuál es el estado de los aviones en que viaja. Una manera de ordenarles al Estado y las empresas que den seguridad en los vuelos.

En su voto, la jueza Carmen Argibay sostuvo que «imputar una concreta denegación de información relevante para la decisión de consumo, como lo es la de usar el servicio de aerotransporte comercial, es, por sí mismo, un daño o perjuicio que puede servir de base para la configuración de una causa judicial».

El fallo que abre las puertas de los hangares fue firmado por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.