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Desde el gobierno se contabilizó como un triunfo el haber desagregado masa crítica a la Corte tras el descabezamiento de las Fuerzas Armadas, pues ya no hay caja de resonancia castrense para un fallo sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero la causa de «la guerra de la papa» acaba de engrosar el polvorín de resistencia de los ministros; su detonación afectaría un vasto sector de las relaciones con el gobierno de Londres.
Esta causa llegó a conocimiento del máximo tribunal por un recurso de queja solicitado por los paperos damnificados. Los ministros en sigilo pidieron a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial las fotocopias de todo el expediente «Louge Beltrán A. y otro C/ Gobierno de Su Majestad Británica» que fue recibido por Rubén Héctor Gorria, secretario de la Corte el 20 de mayo pasado. A partir de ese momento en «la mesa de bacarat», humorada referida al mobiliario poligonal de acuerdo de los jueces, se analiza el frondoso expediente que tiene al gobierno británico en el centro del millonario reclamo de los agricultores argentinos.
La cuestión toca un nervio en el Ministerio de Relaciones Exteriores: el canciller saliente, Carlos Ruckauf, dejó una mina de profundidad en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería; allí se labra un sumario conexo, con carácter de secreto, tendiente a dilucidar si uno de los funcionarios del área -Alejandro Hasperueadelantó el voto de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que terminó dictando la nulidad de todo el proceso y dio por tierra con las pretensiones de los paperos de Balcarce.
Ruckauf fue citado para declarar como testigo en el sumario administrativo secreto de más de 61 fojas, identificado con el N° 50.975/01. La escritura pública de un notario que escuchó el vaticinio ganador de Hasperue -a favor de la nulidad: Francisco de las Carreras, Marina Mariani de Vidal, en contra: Martín Farrell-es la prueba que inquieta a buena parte de los funcionarios de la casa, ya que vincularía la gestión de la diplomacia con el resultado favorable obtenido por la Corona Británica.
Un experimentado embajador con conocimiento del problema especuló que si la causa se reaviva por acción de la Corte, podría afectar la relación bilateral con el Reino Unido. Rafael Bielsa, recién llegado al despacho de canciller, algo debería conocer del sumario, pues el Decreto N° 467/99 que establece el secreto a las actuaciones dispone el giro de todas las investigaciones públicas a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que él mismo presidió. Para el alto tribunal, el sumario secreto que se instruye en la Cancillería tendría cierto interés porque no escapó al agudo análisis de uno de sus miembros que ese sumario fue ofrecido como prueba por los paperos damnificados y que en virtud del carácter secreto se denegó a los letrados el conocimiento de los datos que se revelan en sus fojas.
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