Mapa de poder dispara fracturas en el Consejo

«El secretario no hace bien los informes (la agenda del día) porque está más ocupado en pasarle datos para las notas a Ambito Financiero que en hacer su trabajo», reprendió el jueves el diputado Carlos Kunkel a Pablo Hirschmann, secretario general del Consejo de la Magistratura con pasaje abierto y destino incierto.

Hirschmann y Cristina Akmentins son los dos funcionarios que han sido nominados para abandonar el consejo de jueces. El kirchnerismo ya tiene sus reemplazos prestos a entrar en funciones, pero no logra el respaldo del resto de los miembros de la Magistratura. Lo resiste un bloque no del todo homogéneo integrado por radicales, jueces, abogados y académicos. Y, también las huestes propias, aunque hacen de la disciplina partidaria una ley.

El consejo de jueces lo conforman 13 miembros: seis legisladores (cuatro peronistas y dos radicales) tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

El oficialismo tiene cinco votos y está a dos de imponer un mapa de poder que le permitirá darle más dominio a Kunkel -que fantasea sobre cómo se escriben los diarios con aire poco republicano- como vicepresidente, por encima del presidente Pablo Mosca y, además, colocar en lugares clave de la secretaría general y la administración general a hombres «confiables» que ocuparán cargos de directores y de coordinador de comisiones.

Dos hombres de Derecho le explicaban a este diario el porqué del interés en estas secretarías. Siguiendo ese razonamiento se entiende el celo puesto por Kunkel para desplazar -con ayuda de Nicolás Fernández- a los díscolos Hirschmann-Akmentins.

El secretario general es quien gobierna la agenda del consejo y el administrador quien tutela el presupuesto cercano a los 1.900 millones que tiene la Justicia. Esta era su reflexión: «Durante los próximos años habrán causas importantes que involucrarán de modo directo o indirecto a esta administración de gobierno. Un llamado del secretario general interesándose por tal o cual causa, resulta difícil de ignorar. Sobre todo cuando se trata de un funcionarioque responde a un cuerpo colegiado que se encarga de nombrar y remover jueces. ¿Está claro, la importancia?», interrogó el experto.

El nuevo reglamento dispone que en caso de ausencia o impedimento el secretario general puede se reemplazado por el administrador (Akmentins) y que en caso de que ninguno de los dos pudiera estar presente, sean sustituidos por el secretario de Coordinación de Comisiones o secretarios de las comisión de selección, de disciplina y acusación, de administración o de reglamentación, en ese orden.

El puesto de Akmentins es significativo, Por allí pasa el destino del dinero que se gastará del Poder Judicial. Además, puede que vuelvan a controlar los 900 millones de pesos de superávit que el consejo supo manejar y que por decreto el gobierno se lo pasó a la Corte Suprema para que lo administre.

«Decidir dónde va esa cantidad de dinero es fundamental, es como conceder obras públicas, pero en una escala menor. Fíjese que ahora con los fondos del superávit se quiere pagar el ingreso a planta permanente de 1.200 meritorios que estaban trabajando en la Justicia, pero lo hacían en negro. Qué curioso ¿no?, la Justicia convalidando el trabajo en negro», advirtió.

La pulseada por conformar la nueva estructura de poder en el consejo está volviendo la relación belicosa. Los radicales como Federico Storani o Ernesto Sanz no saben cómo hacer para lograr que su propuestas sean introducidas en las reformas del reglamento. Pareciera que al peronismo sólo le interesa su proyecto y poco del resto.

Por caso, el bloque oficial está jugando al desgaste de Luis María Cabral. El juez del tribunal oral estuvo a punto de presidir el Consejo de la Magistratura, pero está castigado por el gobierno. La estrategia es «aislar a Cabral» al punto de dejar que sus opiniones tengan sólo su propio voto. Y atraer para el molino oficial el apoyo de los jueces Luis Bunge Campos y Miguel Gálvez. Cuando le sea difícil conseguir esos votos alternarlos por el apoyo del bloque de abogados compuesto por Pablo Mosca o Santiago Montaña.

«La premisa es tener siempre mayoría», se confesó un consejero peronista. Claro que llevar el proyecto a la práctica no está resultando demasiado fácil. No hay voluntad en la Magistratura para conceder al kirchnerismo de Kunkel mayores facultades que las que tiene. Esa dificultad también complica las relaciones entre los miembros del bloque gobernante.

El jueves último hubo una reunión entre Kunkel, Fernández y Mosca. Al parecer, era de neto corte machista porque no fueron de la tenida las «chicas» Diana Conti, Marcela Losardo y María Laura Leguizamón.