El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La posibilidad de que sea la Cámara de Casación Penal la que resuelva en esta conflictiva situación -motorizada por el mismo presidente y después activada por el juez español
Pero sucede que ya habría sentada posición en los 13 jueces que integran ese tribunal de casación. Son pocos los que estarían dispuestos a invalidar esas leyes y un gran número el que insiste en que Casación siempre ha sido proclive a acatar la doctrina de la Corte, en este caso, la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Para que no ocurran fallos con distintos criterios según la sala que le toque actuar (como ocurre actualmente en la Cámara Comercial, que no unifica postura sobre la pesificación), se evalúa la posibilidad de llamar a un plenario de jueces para unificar las posiciones. Un trámite que llevaría varios meses, y que obligaría a cada uno de los 13 jueces a fundamentar sobre la validez o ilegalidad de las leyes del perdón.
Además, los camaristas están convencidos de la legalidad de la Obediencia Debida y del Punto Final (pese a lo que puedan representar) porque fueron sancionadas durante un gobierno constitucional y legitimadas por un Congreso cuyos partidos mayoritarios (justicialismo y radicalismo) votaron a favor y como intento de promover la pacificación nacional entre militares y civiles. Por lo tanto, no son nulas.
Dejá tu comentario