23 de febrero 2007 - 00:00

Más presión a Servini: le cuestionan sentencia en OEA

Adolfo Rodríguez Saá y Paola Spátola
Adolfo Rodríguez Saá y Paola Spátola
A menudo favor que Servini de Cubría le hizo al gobierno anulando la intervención de la UCR mendocina (beneficia al gobernador Julio Cobos, posible segundo en la fórmula presidencial) fue motivo de otra queja ante la OEA, donde se está ventilando la interna peronista.

Los abogados del senador Adolfo Rodríguez Saá le aportaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, pruebas de una supuesta «funcionalidad» de las sentencias de la jueza a los intereses electorales del gobierno. Además, acusan a la magistrada de inmiscuirse en la vida interna de los partidos « desestabilizando» o «interviniendo» a sus autoridades, como sucedió con el radicalismo de Mendoza.

«El Adolfo» se apoyó en las críticas que el presidente de la UCR Gerardo Morales hizo del fallo Servini que da vía libre a los radicales que responden al gobernador Cobos para irse con Kirchner.

En un comunicado, Morales sostuvo que la jueza «antes actuaba como titular del justicialismo, y ahora actúa como titular del Frente para la Victoria». Y le reprochó a la magistrada haber montado en su juzgado una unidad básica.

«El fallo está en línea con la intención del presidente de la Nación de destruir a los partidos políticos y particularmente a la UCR», subrayó Morales luego de sostener que la jueza visita «asiduamente» el despacho del diputado kirchnerista Carlos Kunkel.

Todo lo cual demuestra -según Rodríguez Saá- la «indebida injerencia» del gobierno y de sus Legisladores a través de la jueza Servini de Cubría en la vida interna de los partidos políticos.

El Partido Justicialista (acéfaloe intervenido) y el partido Unión Cívica Radical son lo dos principales partidos políticos de la Argentina, pero hoy éstos se encuentran bajo permanentes decisiones judiciales.

«Son decisiones que los subordinan a los intereses del gobierno de turno, proscribiendo a todos sus afiliados, impidiéndoles ejercer libremente el derecho constitucional de elegir y ser elegidos», sostiene Rodríguez Saá.

Precisamente, en la denuncia ante la comisión (CIDH), el puntano acusó a la administración Kirchner de proscribir al justicialismo. En rigor, el dúo Servini con su delegado el interventor Ramón Ruiz lo está logrando al impedirle reorganizarse oportunamente para que participe en las próximas elecciones. Esa indefinición no sería casual, sino que formaría parte de la estrategia del gobierno que busca la preponderancia del sello del Frente para la Victoria antes que el PJ. Algo así como darle vida al tercer movimiento histórico.

«Hoy, están intentando lo mismo con la UCR, quitándoles facultades a las legítimas autoridadespartidarias, anulando judicialmente sus decisiones, destruyendo y proscribiendo a la UCR, para que algunos de sus dirigentes o partidos de distrito sean funcionales a los intereses del gobierno y en la próxima elección nacional se integren al Frente para la Victoria», denunció Saá.

Habría, entonces, que otorgarlecierta cuota de razón a Morales cuando se queja de la sentencia de Servini, porque resulta beneficioso para Kirchner.

Basta, si no, detenerse a leer las declaraciones del gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, en las que promueve a un radical para la fórmula presidencial.

  • Rebelión

    El peronismo se ha metido tanto en la interna del radicalismo, que ayer el diputado mendocino Alfredo Cornejo defendió el fallo de Servini y se rebeló contra Gerardo Morales. Por caso, le endilgó a la conducción del Comité Nacional de la UCR tener «desprecio» por el republicanismo y las instituciones.

    «El comité, tal como se desprende del fallo, no tenía facultades para intervenir el distrito; el comité se encuentra en esa difícil posición debido a sus torpezas, torpezas que sostienen al apelar el fallo fuera del término. El fallo es claro, protege la autonomía de las provincias y su libertad de acción avalando así lo actuado en Mendoza», sostuvo Cornejo.

    En tanto ayer la diputada Paola-Spátola reclamó ante la jueza federal electoral, María Servini de Cubría, la normalización del justicialismo intervenido desde marzo de 2003.

    El reclamo para que el « comandante interventor» Ramón Ruiz llame a internas partidarias resulta una presión para Servini, quien todavía no ha respondido a las solicitudes similares que formularon Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero, en ese orden.

    Spátola (la pata peronista del PRO) presentó el miércoles ante la jueza federal con competencia electoral un escrito donde le recuerda que la Justicia debe garantizar el funcionamiento y organización de los partidos como herramientas democráticas.

    Además, obvio, de promover la representación de las minorías y la competencia para la postulación de candidatos a cargos partidarios y a cargos públicos electivos.

    En síntesis, la legisladora le pide a Servini terminar con la proscripción de los afiliados al justicialismo y evitar que en octubrela ciudadanía vuelva a ser víctima de la interna peronista.

    «Ya llegó el momento de que el PJ se institucionalice, que significa alcanzar su democratización. Ese era el mandato que tenía el interventor Ruiz, pero hasta ahora no lo ha cumplido», le dijo Spátola a este diario.
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