Otro fallo poco serio en La Plata

Los expertos psiquiátricos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires determinaron que un juez Oscar Ruiz padecía «paranoia avanzada», pero, por la inamovilidad constitucional de los magistrados, no podían darlo de baja. Lo mantuvieron integrando el Tribunal de Familia N° 1 de San Isidro, pero, dado ese dictamen, le impedían asumir, cuando le correspondía, la presidencia rotativa del triunvirato de tres jueces, pero lo integra.

Personalmente tenía esa sospecha que corroboraron los forenses judiciales porque este juez Ruiz redactó una sentencia de mi divorcio diciendo que no podía ser buen progenitor por trabajar como periodista hasta la 10 de la noche y «no saber hacer asado» (textual de la sentencia). Tremendas barbaridades fueron anuladas por esa misma Suprema Corte bonaerense que mantuvo el divorcio a julio de 1999. Era lógico la anulación porque, si la avalaba la Corte provincial, pasaba a ser invocable en cualquier divorcio en territorio de la provincia de Buenos Aires, contra cualquier padre que no supiera asar carne o contra un progenitor que trabajara de noche. ¿No habría más serenos en la provincia de Buenos Aires? ¿No habría más transporte a partir de las 18 o 19 por falta de choferes con riesgo de no poder tener hijos por su trabajo?

• Iracundia

Había algo más. Quizá por su estado este juez Ruiz exhibía manifiesta iracundia y en dos oportunidades, mientras yo tramitaba en ese juzgado mi divorcio, se agarró a trompadas con el secretario del tribunal donde actuaba, hecho grave en cualquier sede judicial y más en una que debe juzgar temas tan delicados como los de familia, divorcio, menores, etc., que requieren, por lo menos, mesura en el magistrado actuante. En el propio Consejo de Abogados de San Isidro me decían -y además lo publicaban en su revista- lo grave que era este caso de Ruiz con todas sus anomalías en un Tribunal de Familia.

Había otro hecho. Entre el personal del Juzgado de Familia 1° de San Isidro -que despreciaba la iracundia de este juez- hubo quienes me informaron y lo corroboré, con políticos, que la esposa del juez Ruiz trabajaba como secretaria en el Juzgado 3 de la jueza civil Silvia Díaz, en la Capital Federal, que antes de ser designada, actuaba en el mismo estudio que el abogado Fernando Díaz Cantón -donde era socio Fernando de la Rúa-, abogado de la otra parte en mi juicio de divorcio.

Era mucho ya lo acumulado, y decidí pedirle juicio político al juez Ruiz. El ya estaba apartado, obviamente, de mi divorcio, podía no interesarme lo que siguiera haciendo, pero lo hice por considerar que, frente a esa estabilidad de jueces, era un bien a la gente facilitarle a la propia Justicia la remoción. Me decían: «Muévase porque se están moviendo» para evitar el jury». ¿Por qué -respondía- me tengo que «mover» si son hechos claros comprobados, inclusive, por la Suprema Corte de la provincia?

El martes último se reunieron los abogados y legisladores encargados de decidir y descartaron hacerle juicio político, algo que en la Argentina hoy parece que está reservado para casos políticos frente a jueces que no agradan al Poder o jueces que se atrevieron contra monopolios tipo «Clarín», como fue el caso del juez Roberto Marquevich. Pero no para perfeccionar la propia administración de Justicia a favor de la ciudadanía que tanto desconfía. En este caso, ni lo abrieron a prueba el juicio pedido. Realmente lamentable, aunque uno haya intentado ser útil a la comunidad. Lo sucedido da razón al petitorio de 28 puntos de Juan Carlos Blumberg donde incluye «modificar la composición y funcionamiento de la magistratura de la provincia de Buenos Aires» y algo indignante para un país que se solicite en el siglo XXI: «Fácil acceso a la Justicia para las ciudadanos de la provincia de Buenos Aires».