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Piden paraderos por causa de terrorismo de Estado
María Estela Martínez
Se trata de los decretos 2.770, 71 y 72 de 1975. A travésde ellos se constituyó un Consejo de Seguridad Interna y el Consejo de Defensa. Se dispusieron los medios necesarios para la lucha contra la subversión y se libraron órdenes de ejecución de operaciones militares y de seguridad «para aniquilar la acción de todos los elementos subversivos en todo el territorio del país». En ese entonces estaba en vigencia una ley « antisubversiva», lo que haría más cuestionable el dictado de aquellos decretos.
La atención de la Justicia está puesta en el concepto «aniquilar», porque en la terminología militar significa la «destrucción psíquica y física del oponente».
Si se comprueba que esa eliminación o destrucción del oponente fue habilitada desde el marco legal constitucional, entonces, el gobierno de la viuda de Perón habría incurrido en un crimen de lesa humanidad imprescriptible en el tiempo, según los últimos pronunciamientos del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora, este argumentotenía como usuarios exclusivos a los militares cuyas causas fueron reabiertas luego de la declaración de nulidad absoluta de las «leyes del perdón».
La defensa de militares, policías y penitenciarios siembre sostuvo que la operación contra el terrorismo «fue institucional», ordenada inicialmente por el gobierno constitucional en 1975. Y que en ella se aplicaron procedimientos específicos contemplados en reglamentos militares del Estado argentino, vigentes desde años antes en virtud de los cuales y de la doctrina que los animó fueron formados e instruidostodos los cuadros integrantesde las Fuerzas Armadas.Además juran que las operaciones fueron informadas mediante partes documentados.
Según afirma el abogado Florencio Varela, la madre de estas disposiciones es la «Directiva I» del Consejo de Defensa que dice cómo se debe operar. Y donde se «le adjudica la función primaria de la operación al Ejército y subordina a las fuerzas de seguridad provincial a las órdenes de las Fuerzas Armadas».
Ayer y luego de informaciones cruzadas sobre un eventual pedido de detención de «Isabel» Perón y de los hombres de su ex gabinete, Antonio Cafiero explicó por qué firmó los cuestionados decretos.
El otrora ministro de Economía descartó que la convalidación legal de la intervención del Ejército en los años duros del 75 se haya tratado de un «error histórico».
«La intención de los decretos era disuadir al Ejército para que no diera el golpe. Y mostrar que estábamos en condiciones de combatir la guerrilla sin necesidad de golpe de Estado. Entonces, hubo que sacar esos decretos», afirmó el ex senador.
Entonces se había ejecutado ya el Operativo Independencia en Tucumán, y el gobierno de la época difundió que la operación antisubversiva había resultado exitosa.
Según una denuncia entre fines del 75 y el primer trimestre del 76, gobierno constitucional, hubo 908 desaparecidos. Así consta en un escrito presentado por Varela en mayo de 1997 en el juzgado del destituido juez Carlos Liporace.
El abogado apuntó que en junio de 2002 el juez Rodolfo Canicoba Corral sostuvo la «inexistencia de delitos en los hechos incluidos en la denuncia», ordenando el archivo de la causa, resolución consentida por el fiscal Eduardo Taiano.
«Lo decidido no es cosa juzgada. La denuncia se encuentra hoy a cargo del juez Daniel Rafecas», afirma Varela.
De todos modos, también hay causas abiertas en este sentido en Tucumán y Salta.
Al caer la tarde, el juez Acosta aclaró que sólo pidió a la Policía establecer los domicilios particulares de la última esposa de Juan Perón, de Cafiero, de Ruckauf y de otros funcionarios de 1975.
El magistrado adujo que en el gobierno constitucional de 1975 se aplicaba «la misma metodología de otras detenciones, lo que habla de un posible conocimiento del poder político de entonces, al mando de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón».
El pedido del juez surgió tras la detención, el 18 de octubre último, de Pierino David Masachessi, ex comisario y jefe de la División Infantería en San Rafael en la década del 70, quien intervino en la desaparición de Héctor Fagetti, ocurrida días antes del golpe de Estado.
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