Procurador cree que Corte no puede revisar arbitrajes

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FACA, Héctor Méndez; y el ex ministro de Justicia Horacio Rossatti, durante la mesa redonda en la que se discutió el espinoso y polémico tema de las demandas contra la Argentina en el tribunal del Banco Mundial.

El oficialismo ventiló en público el disenso que desde hace tiempo mantenían el renunciado ministro de Justicia Horacio Rosatti y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglialmino. Se entiende ahora con mejor lógica el motivo de esa disputa: la contratación de un estudio norteamericano para representar a la Argentina en la defensa de los litigios que el país tiene pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La cuestión es central en el pensamiento que separa a ambos hombres del gobierno. Durante su gestión, Rosatti construyó una teoría jurídica en la que vindicó la intervención de la Corte Suprema como tribunal soberano en la revisión de los fallos del CIADI, un organismo del Banco Mundial.

Ayer, el procurador Guglialmino desterró esa tesis: «No creo que un recurso ante la Corte nacional vaya a suspender la demanda del CIADI. La Corte no tiene imperio para suspender al CIADI», dijo.

El escenario de esta confrontación ideológica fue una mesa redonda armada por la Comisión de Arbitraje en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la Avenida de Mayo, a pocos metros de donde los piqueteros hacían un «acampe». De esa discusión también participaron los abogados especialistas Juan Manuel Hubeñak y Guillermo Michelson Irusta.

La doctrina expuesta por el procurador y que resta poder a la Corte sirve para justificar el ingreso a la defensa argentina ante el tribunal arbitral del estudio contratado en Chicago y sobre el cual llueven algunas objeciones. Por caso, que sea el mismo buffet que asesoró al grupo de acreedores Argentine Bondholders Committee en su reclamo ante el FMI y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

• Plan B

Guglialmino (que dice sentirse acosado por la prensa que informó sobre esa contratación de la firma norteamericana) consideró la inclusión de los abogados norteamericanos como el «Plan B» del gobierno en su pelea con las empresas extranjeras.

Además, opinó que el gasto de su contratación representa «menos del uno por mil» de los 16 mil millones de dólares que las empresas internacionalesle reclaman al Estado argentino porque sus contratos fueron alterados por la devaluación, la pesificación y el congelamiento de las tarifas.

Y se animó a arriesgar que «por ser Estado estamos en condiciones de pedir una rebaja de honorarios más importante que una empresa». En los primeros días de setiembre la Argentina está obligada a presentar un planteo de nulidad del laudo que perdió ante la compañía GMS Gas, accionista de Transportadora Gas del Norte.

El procurador reveló que en ese tiempo el país deberá enfrentar tres demandas más que provienen de empresas de agua, gas y petróleo, y otros quince casos antes de que culmine el año, con lo cual habrá un aceleramiento de la defensa del país ante el CIADI. «Acá no hay una delegación de estrategia de defensa, se está contratando un servicio, una ayuda. Es un error grave hablar de la privatización de la defensa. Ha sido una decisión mía en términos políticos, porque asumo que soy el procurador de los 14 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza», se defendió.

Rosatti, que viajó de Santa Fe para este encuentro y se marchó antes para no chocar con Guglialmino en la puerta del edificio de la FACA, consideró que los abogados argentinos -públicos y privados- «están en mejores condiciones de defender al Estado y de criticar el CIADI» que el estudio norteamericano.

El ex ministro de Justicia interpretó que para la defensa de estas causas se debe «estar convencido» de invocar y acreditar el «estado de necesidad», que supone la existencia de una crisis profunda que obligó a tomar medidas eficaces para salir de la crisis.

«Esas consecuencias se desmoronaron sobre los nacionales y también sobre los extranjeros», argumentó Rosatti, para sostener su filosofía de que el CIADI, en el laudo GMS Gas, no tuvo en cuenta el problema político económico del Estado.

«Cuando Estados Unidos cambió su patrón oro no indemnizó a nadie», apuntó.

En su ponencia, Rosatti insistió en que los tratados de comercio están por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución. De modo que un tribunal argentino, en este caso la Corte Suprema, puede revisar un laudo porque no se lo considera definitivo.

La Corte tiene antecedentes de haber revisado fallos del tribunal arbitral. Lo hizo en el caso Cartellone, y antes, en la década del '70, en el caso Sargo.