Como una medida más emocional que reflexiva, Néstor Kirchner se lanzó a rehabilitar el tema contra los militares de los años '70. Tropezó con las extradiciones (un juez se le adelantó en la medida) y, como no encuentra variantes propias para reanudar los juicios en el medio local, le trasladó el sayo a la Corte Suprema. A la misma que quiere cambiar, uno a uno. Hasta la presionó insólitamente con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien exigió, como si no fuera abogado, que el cuerpo resolviera con rapidez el tema (o sea, que declare inconstitucionales las normas de Punto Final y Obediencia Debida). Mayores, pero no tontos, los 8 ministros recordaron ayer -sobre todo, a Fernández y también al emisario, el vice-ministro de Justicia, Abel Fleitas- que la Corte no tiene tiempos y que, además, decisiones tan clave deben reunir a todos los miembros. O sea, hay que esperar a que llegue Eugenio Zaffaroni para juntar 9 miembros si es que éste salva, a través de la política, los impedimentos jurídicos que le niegan el acceso. Bloqueada esta vía, temporalmente, ahora le queda a Kirchner avanzar sobre el Parlamento para que ambas cámaras, más insólitamente aún, anulen las derogadas normas que eximieron a los militares del Proceso. Propuesta más que dudosa, peligrosa, en cuanto al orden jurídico. Sin embargo, aunque la izquierda promete algaradas para el día del tratamiento (tipo aquella que luego culminó con la amnistía de Héctor J. Cámpora en 1973), entre diputados y senadores parece que no habría consenso en esa decisión. Aunque el gobierno, también en este caso, parece interesado en presionar y amedrentar al Congreso a través de sus propios piqueteros en la calle. Pero ni aun con esos instrumentos Kirchner sale de su empantanamiento.
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Los ocho miembros del Tribunal se enredaron en una jugosa discusión jurídica sobre estas leyes, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El debate duró cuatro horas y cuarto. No hubo una definición sobre su validez o no (era previsible). Pero sí hubo un acuerdo en que habrá fallo cuando se incorpore a la Corte el noveno juez. Se cree que será en setiembre.
Los jueces están convencidos de que Este criterio, ya adoptado como doctrina por la Corte Suprema, y el hecho de que el Congreso derogó ambas normas en 1998, por lo que, a partir de su promulgación no se aplican más en territorio argentino, también fueron objeto de examen de los ministros.
Por lo pronto, quien tendrá que volver a estudiar el difícil tema es
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