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Ambos serían acusados de «privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas de distinta gravedad, homicidios dolosos e incumplimiento de los deberes de funcionario público», por su responsabilidad en los incidentes registrados el 20 de diciembre en el centro porteño.
De concretarse, la decisión de la jueza podría sentar un peligroso precedente que limitaría la actuación de las fuerzas de seguridad en estado de convulsión social, aun cuando rija el estado de sitio como el que imperaba cuando ocurrieron los acontecimientos que precipitaron la renuncia de Fernando de la Rúa.
La controvertida jueza respondería así al pedido que efectuaron los fiscales federal Luis Comparatore y Patricio Evers, para quienes Santos y Mathov «tuvieron directa incidencia en los sucesos investigados», es decir, el desalojo de la Plaza de Mayo y la muerte de seis manifestantes.
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