SW: juez pone la lupa sobre Aduanas

Los primeros coletazos del escándalo de las narcovalijas, lo sufriría nada menos que un hombre del riñón del Presidente: el sanjuanino Ricardo Echegaray. En el juzgado de Carlos Liporace está instalada la idea de que el director nacional de Aduanas podría ser denunciado en la Justicia Federal por presunto «incumplimiento de deberes de funcionario». La acusación lleva implícito su obligado desplazamiento al mando del organismo de control. Luego de su paso por Tribunales se creía que Echegaray no había aportado información al expediente del contrabando de drogas a España. Se trató de un error. En las actas que conforman la voluminosa causa de los 60 kilos de cocaína, quedó registrada una aseveración que resultaría la confesión de un crimen: «La primera línea de control es de la empresa privada y la segunda de la PAN... La Aduana como organismo no es responsable, no tenía el control del equipaje», dijo. Nadie le advirtió a Echegaray que como director de la Aduana estaba admitiendo que no podía controlar siquiera el equipaje que salía de Ezeiza sin pasajero, violando disposiciones internacionales. El Código Aduanero es claro cuando le adjudica a la Aduana el control absoluto de puertos y aeropuertos, en este caso Ezeiza. • Preocupación Echegaray tiene la protección política de Kirchner desde la época que se convirtió en el jefe de la Aduana de Río Gallegos. Aterrizó en el Sur en 1993, gracias a los esfuerzos del ex director de Aduanas de Domingo Cavallo, Gustavo Parino. La desesperación por despegarse del caso Southern Winds ha sumergido al director en un cuadro de profunda preocupación. Ha comenzado a cometer «imperdonables» equivocaciones que revelaron a su tropa. En un ataque «limpieza» desplazó al director de la Policía Aduanera, Daniel Santana, y lo envió como jefe de la Región Rosario. «Cómo lo raja a Santana por el caso SW? Entonces está admitiendo que la Aduana tiene el control de Ezeiza y responsabilidad en el hecho... Dice una cosa en el juzgado y después hace otra en la Aduana», se quejan sus subordinados. Casi una copia de lo que Aníbal Ibarra con el secretario de Seguridad, Juan Carlos López. Cuando ocurrió la tragedia de Cromañón se pidió la renuncia, una serie de admisión de responsabilidades que el público no dejó de advertir. El desalojo de Santana fue acompañado por las renuncias del jefe de Operativo Metropolitano de la Aduana, contador Hugo Gómez, y del secretario de Interior de Aduana (una especie de ministro del Interior), el abogado Mario Giachello. Las complicadas movidas de Echegaray llegaron a manos de Alberto Abad, titular de la AFIP, que decidió rechazar todo el plan del director. Echegaray quedó mal parado. Tan desubicado como cuando Liporace decidió enviar a España a investigar al mismísimo Santana. La designación del jefe de la Policía Aduanera causó sorpresa, porque ya lo imaginaban como imputado por la falta de controles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En España, Santana tenía como misión recabar los informes elaborados por la Aduana española. Certificar estadías y movimientos de los acusados en aquel país, entre otros el de Enrique Montero, vicepresidente de SW, que viajó en el mismo vuelo de las narcovalijas. No fue el único error del sanjuanino. Ya estaba sentenciado por sus inferiores por denunciar a empleados de la Aduana en una supuesta defraudación a favor de Cornapesa. En una presentación espontánea realizada ante el juez federal Pfleger, de Rawson, el aduanero denunció la presunta existencia de una cadena de mando en la operación ilícita integrada por Hugo Michunovich, jefe de Registro de la Aduana de Madryn; Juan Artola, administrador de la Aduana; Guillermo Bonaparte, jefe de investigación de toda la Región Sur; y Beatriz Corballal, jefa de la Región Sur. Paradójicamente, estos funcionarios habrían sido los primeros que pusieron al descubierto una supuesta maniobra de la pesquera que habría implicado que el fisco se viera defraudado por el pago indebido de reembolsos por puertos patagónicos en un millón y medio de dólares, cifra que con intereses llegó a 2,5 millones de dólares. Además, sus investigaciones habrían servido para que la verborrágica «Lilita» Carrió trajera a Buenos Aires el caso Cornapesa luego de un mitin sureño.

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