Quito (AFP, Reuters) - Ecuador negó ayer que planee prolongar la estatización de tres televisoras incautadas a un grupo empresarial, aunque el caso será llevado a cortes internacionales por los afectados, que creen que se trató de un «embargo político» para amordazar a la prensa en época preelectoral.
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Bajo presión y en medio de fuertes críticas, el gobierno negó que los canales «Gamavisión», «TC Televisión» (de aire) y «Cablevisión» (cable) vayan a quedar en poder del Estado y aclaró que la incautación se hizo de forma preventiva dentro del proceso de embargo a unos 193 empresas que, se presume, son de la familia Isaías, acusada de la quiebra de un banco a finales de los 90.
De forma paralela, y argumentando la no renovación de la frecuencia que caducó en 2003, las autoridades clausuraron también «Radio Sucre». Esto no se hizo «porque el Estado quiera quedarse con eso, no es para tener medios de comunicación, lo que quiere el Estado es tener patrimonio que le permita cumplir con sus obligaciones financieras», dijo el ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante.
La defensa de los Isaías, que niega que varios de los bienes decomisados sean de la familia, desmintió que existan deudas pendientes con el Estado y anunció un pleito internacional para «desenmascarar» lo que llamó maniobra política contra la prensa.
«Hoy será el primer paso de una marcha que nos va llevar fuera del país a denunciar definitivamente, descubrir y desenmascarar a quien tiene que ser desenmascarado, a las personas que están involucradas en este atentado contra la libertad de prensa», dijo el abogado Jaime Damerval.
En la misma línea, sectores de prensa acusados por el presidente Rafael Correa de actuar contra el gobierno juzgaron el hecho como un pretexto para minar la libertad de información antes del referendo constitucional de setiembre, en momentos en que las encuestas no favorecen al gobierno. Los tres canales de televisión mantenían una línea opositora al gobierno y abarcaban buena parte de la audiencia nacional.
El mandatario respondió a las sospechas descartando que haya maniobrado contra la prensa -a la que anteriormente había criticado severamenteantes de la consulta sobre la nueva Constitución que le permitiría buscar la reelección.
Los gremios locales de periodistas también se pronunciaron aclarando que, si bien el caso es «estrictamente financiero, empresarial y legal», se debe garantizar la libertad de expresión y prensa y los derechos de los empleados afectados.
El ministro Bustamante deslindó cualquier relación entre «una medida cautelar» y las garantías a la prensa, y recalcó que se trató de un procedimiento de carácter preventivo contra el patrimonio de la familia Isaías, que huyó a Estados Unidos tras la quiebra del banco Filanbanco, que administraban.
Admitió como una opción «poco probable» que algunos de los bienes no sean de los Isaías como afirman los abogados de esa familia, que insistió en que no existen deudas pendientes.
«Es falso que en este momento se deban esos 661 millones de dólares en virtud de lo cual se han incautado bienes. En este momento, Filanbanco no tiene menos de 500 millones de activos y sólo debe a sus depositantes 30 millones», agregó Damerval.
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